La Media Maratón de Montería dejó más que un cansancio en las piernas de quienes participaron. El evento deportivo se convirtió en escenario de un tenso cruce entre el senador Alex Flórez Hernández, del Pacto Histórico, y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, con acusaciones de proselitismo político que reavivan el debate sobre dónde termina la participación ciudadana y dónde comienza el uso indebido de escenarios públicos.

Todo comenzó cuando Flórez compartió un video en redes sociales mostrando a varias personas portando banderas de Colombia y, según afirmó, distribuyendo gorras alusivas al movimiento político "Defensores de la Patria", liderado por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Eso fue suficiente para que el congresista levantara la voz. "Es inaceptable que en un evento realizado por la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería se esté haciendo proselitismo político abierto a favor de Abelardo de la Espriella", escribió en su cuenta de X. El argumento de Flórez fue contundente: los recursos y espacios públicos están al servicio de toda la ciudadanía, no de campañas electorales.

La respuesta del gobernador Zuleta no se hizo esperar y llegó con una dosis de ironía. "No papito, yo sí respeto la Constitución", replicó a través de sus redes sociales. Con esa frase, Zuleta rechazó las acusaciones y se escudó en las libertades políticas garantizadas en Córdoba, argumentando que cualquier ciudadano tiene derecho a expresar libremente sus preferencias electorales.

El gobernador también enfatizó que la Media Maratón fue un evento abierto al público en el que participaron miles de personas. Según su perspectiva, cualquier ciudadano podía asistir o acompañar las actividades programadas sin restricción alguna, lo que incluiría a simpatizantes de movimientos políticos. Hasta ahora no hay constancia pública de que Abelardo de la Espriella haya corrido en la competencia.

El fondo del asunto toca un nervio delicado en tiempos de precampaña electoral: los límites borrosos entre permitir que la gente exprese sus convicciones políticas y cuidar que los eventos institucionalizados, pagados con dinero de todos los colombianos, no se conviertan en plataformas de promoción electoral. En Córdoba, al menos por ahora, gobernador y senador están en orillas distintas de esa línea.