La situación en Córdoba sigue siendo crítica. Más de 94.000 familias permanecen en la incertidumbre después de las devastadoras inundaciones que tocaron al departamento, y el gobernador Erasmo Zuleta Bechara no deja de insistir: necesita que el Gobierno Nacional haga públicos, de una vez por todas, los pasos concretos para la recuperación del territorio.

La magnitud del problema es difícil de ignorar. Según cifras oficiales, más de 239.000 personas quedaron damnificadas por la emergencia. Aunque se han dado algunos pasos iniciales, la verdad es que las soluciones de fondo siguen en el aire, sin definición clara ni recursos asignados. El panorama se oscureció aún más cuando, durante una reunión crucial con alcaldes de municipios golpeados por la crisis, no asistió la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la entidad que debería estar liderando estos procesos de respuesta. Su ausencia fue elocuente: dejó más preguntas sin responder que certezas en la mesa.

Mientras en los despachos se discute, la gente en los pueblos sigue enfrentando lo concreto: vías quebradas que complican el transporte, cultivos perdidos que significan ingreso familiar desaparecido, escuelas dañadas que afectan la educación de los niños, y servicios básicos al borde del colapso. Los cordobeses saben que esto no se soluciona con palabras bonitas de aquí a unos meses.

Desde el departamento están buscando alternativas y tejiendo alianzas para avanzar por su cuenta, pero el mensaje que sale desde Montería es ineludible: sin una coordinación real del nivel nacional y sin recursos definidos y presupuestados, la reconstrucción va a seguir avanzando a ritmo de tortuga. Hoy, Córdoba no solo carga con las cicatrices del agua, sino también con la incertidumbre de no saber cuándo una solución verdadera va a llegar.