En el Bajo Sinú volvió a encenderse la alarma por el agua. Esta vez quien levantó la voz fue el gobernador de Córdoba, quien durante un recorrido por municipios de la subregión se sumó a las quejas de alcaldes y ciudadanos contra Aqualia, la empresa operadora que lleva más de veinte años a cargo del servicio.

El mandatario departamental no anduvo con rodeos. Según expresó, resulta "inaceptable" que después de dos décadas de concesión sigan prevaleciendo problemas básicos de suministro que afectan a miles de usuarios en toda la zona. Lo que más le molestó fue el contraste: mientras desde lo público se siguen ejecutando inversiones en infraestructura que impactan municipios como Ciénaga de Oro, San Antero y Lorica, la empresa operadora no estaría respondiendo con el mismo nivel de responsabilidad.

El mensaje del gobernador fue claro: se necesitan acciones inmediatas, inversiones concretas y mayor control de los entes de vigilancia. Sin embargo, en las calles de la región la situación sigue igual. Los ciudadanos que dependen del acueducto denuncian años de servicio irregular, cortes frecuentes y una problemática que ya dejó de ser un inconveniente aislado para convertirse en una realidad cotidiana que afecta la salud y la calidad de vida de comunidades enteras.