En Caquetá suena la alarma y viene desde la gobernación. Luis Francisco Ruiz Aguilar no da tregua en su denuncia: más de cien reportes enviados durante este 2025 sobre acciones criminales de las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá, y según su criterio, nadie en el Gobierno Nacional está respondiendo con efectividad. El gobernador insiste en que mientras hay una mesa de diálogo en el marco de la política de "Paz total", estas estructuras criminales se siguen fortaleciendo en lo militar, económico y político.

Los reportes que Ruiz ha puesto en la mesa documentan violaciones a acuerdos, extorsiones, secuestros y control territorial concentrados en tres municipios: San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Florencia. Pero lo que más preocupa al mandatario es cómo las disidencias ejercen presión sobre la población civil, llegando a ubicar familias completas para someterlas a amenazas y forzar su obediencia. En paralelo, cinco menores permanecen desaparecidos en la selva tras intentar resistirse a un reclutamiento forzado. Sus padres, que habían sido secuestrados, lograron escapar a una base militar, y el gobernador pidió intervención urgente para rescatar a los niños.

"El problema es que mientras hay una mesa de diálogo, estas estructuras se siguen fortaleciendo militar, económica y políticamente", manifestó Ruiz en entrevista con revista Semana. En 6AM W de Caracol Radio agregó que las disidencias "tienen ubicadas a todas las familias". El gobernador insiste en la necesidad de reactivar órdenes de captura contra Calarcá y adoptar medidas concretas que frenen al grupo, subrayando que el proceso de paz debe mostrar resultados reales.

La postura del Gobierno muestra grietas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo el lunes por la noche en Hora 20 que está de acuerdo con reactivar la orden de captura contra Calarcá, aunque aclaró que su cartera "siempre" actuará según lo que ordene el presidente Gustavo Petro. Incluso la Fiscalía General de la Nación estudia reactivar esa orden, reconociendo que los hechos documentados son preocupantes.

Lo que emerge de los reportes es un panorama desolador: alias La Morocha, según Ruiz, tendría azotadas a las comunidades caqueteñas con secuestros y extorsiones. Los chats encontrados en un dispositivo de Calarcá durante un retén en Anori, Antioquia, revelan algo aún más grave: la fiscal Luz Adriana Camargo confirmó que ese material es totalmente verídico, lo que incluyó pruebas de que el disidente recibía información de inteligencia que le permitía evadir retenes y transportar armas en vehículos del Estado, todo mientras un menor reclutado forzosamente viajaba en la camioneta.

Con más de medio millón de habitantes pendientes de una solución, el gobernador lanza su último llamado: "El proceso de paz debe mostrar resultados reales. De lo contrario, se está comprometiendo la seguridad, la vida y el patrimonio de más de medio millón de habitantes del Caquetá". Las cifras de alertas ignoradas y los casos de criminalidad documentada sugieren que en el departamento, la paz total aún está muy lejos de traducirse en paz real.