En medio de una reunión sobre la redelimitación de páramos en Boyacá, el gobernador Carlos Amaya lanzó un comentario que encendió los ánimos. Mientras se discutía cómo resolver los conflictos agrarios y ambientales en las zonas altas del departamento, el mandatario no dudó en vincular el futuro político con lo que podría pasar en el territorio. "Parece que están soplando mucho los vientos de la derecha acá en Boyacá... si el nuevo gobierno es de derecha, olvidémonos que ahí se va a lograr algo, ahí lo único que va a haber es represión, represión, represión y bolillo por montón", expresó Amaya durante la mesa de trabajo entre el Gobierno Nacional y la Federación de Campesinos Parameros.

La procuradora ambiental, minera y energética de Boyacá, Alicia López Alfonso, no tardó en intervenir. Considera que esos comentarios están fuera de lugar en un escenario donde lo que se necesita es construcción consensuada. "Yo aquí quiero hacer, con el debido respeto de todos, un llamado a un diálogo asertivo. Que por favor evitemos enunciar sectores de derecha, sectores de izquierda, sectores de centro, porque aquí estamos en un proceso de construcción para un territorio", señaló López Alfonso, pidiendo que el gobernador fuera más cuidadoso con sus palabras.

Pero Amaya no se quedó callado. Interrumpió a la procuradora para defender su postura, argumentando que tiene derecho a nombrar lo que considera hechos políticos y históricos concretos. El gobernador fue contundente: "Perdóname, procuradora, pero yo no voy a permitir que usted defina que debo decir yo o no. Me perdona, pero yo digo lo que digo porque es así". Incluso llegó a asegurar que prefiere ser inhabilitado antes que guardar silencio sobre lo que cree es la raíz del problema.

Lo que está en juego en estas mesas de trabajo tiene que ver con una necesidad real de los campesinos boyacenses. Los residentes de las altas laderas del departamento vienen pidiendo que se redefina dónde quedan los límites de los páramos, pues el proceso anterior, según ellos, los dejó sin seguridad jurídica ni alimentaria al prohibirles trabajar sus tierras desde los tres mil metros de altura. Es un conflicto que toca tanto lo ambiental como lo económico, lo que probablemente explica por qué la tensión en estas conversaciones es tan evidente.