El gobernador Andrés Julián Rendón encendió la alarma en Antioquia tras los últimos comunicados de la Delegación de Paz Urbana operando desde la penitenciaría de máxima seguridad de Itagüí. Para el mandatario departamental, los supuestos logros del diálogo que adelanta el Gobierno del presidente Gustavo Petro con 23 cabecillas de las principales organizaciones criminales de Medellín y su área metropolitana no son más que una farsa que insulta a la ciudadanía.

El punto de quiebre llegó cuando los reos anunciaron públicamente que dejarían de vender 'tusi' (cocaína rosada) en sectores vulnerables como el Parque Bicentenario, presentándolo como un gesto de buena voluntad. Para Rendón, esto es exactamente lo opuesto. "Qué indignación. Los criminales con los que negocia el presidente Petro en la cárcel de Itagüí anunciaron que dejarán de vender 'tusi' como una supuesta muestra de buena voluntad, en medio de la farsa de negociaciones que mantienen con el Gobierno nacional", lanzó el gobernador. Su lectura es contundente: si estos delincuentes pueden anunciar que frenan la distribución de una droga, significa que la están controlando desde la cárcel. No es una victoria de paz, sino la confesión de un delito transnacional que sigue operando bajo sus órdenes.

Mientras el Gobierno central celebra el cese de la comercialización de estupefacientes sintéticos como un alivio humanitario y un avance en la reducción del daño, Rendón ve algo completamente distinto: la prueba de que el control criminal nunca se ha perdido. El mandatario enfatizó el impacto devastador que el 'tusi' tiene en los hogares antioqueños, particularmente entre los jóvenes. "El 'tusi', el veneno que consumen los jóvenes, es altamente peligroso. Destruye a las familias y pone a sufrir a las madres, quienes ven perder a sus hijos en las drogas", señaló, para luego cuestionar: "Esto es lo que constituye el anuncio de la 'Paz Total'".

Rendón fue tajante en sus exigencias al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Pidió el traslado inmediato de los 23 cabecillas a otras cárceles del país, cortando así las líneas de comando que les permiten seguir operando. También cuestionó a los sectores políticos cercanos al Gobierno por celebrar lo que él considera un acto de cinismo delictivo. "Después de esta confesión, deberían trasladar a todos estos criminales a otras cárceles del país y quitarles de paso esa renta ilícita y mortal que está matando a nuestros jóvenes", enfatizó.

Para cerrar, el gobernador dejó clara su posición: no hay camino negociado posible con la delincuencia común organizada. Para él, la única vía institucional válida es el sometimiento de estos grupos a la justicia ordinaria y el cumplimiento efectivo de sus penas dentro de los establecimientos penitenciarios. Este pronunciamiento evidencia la profunda fractura entre la visión de seguridad que maneja la Nación y la que impulsa la Gobernación de Antioquia frente al manejo de la criminalidad en la región.