A partir de este lunes 6 de abril, después de la vacancia judicial de Semana Santa, dos demandas llegarán al Consejo de Estado para cuestionar una decisión que tiene dividida a Antioquia. La Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura contra 23 voceros de estructuras criminales del Valle de Aburrá, y esa medida ya generó una reacción fuerte desde la administración departamental y la Alcaldía de Medellín.

El gobernador Andrés Julián Rendón lanzó duras críticas durante un consejo de seguridad con autoridades locales. Considera que hay una incoherencia grave: mientras la fiscal Luz Adriana Camargo promueve capturas en algunos casos, en otros otorga beneficios a cabecillas de organizaciones criminales. Para Rendón, la decisión representa un golpe a las víctimas y a la institucionalidad, porque permite que estos líderes sigan vinculados al proceso de paz urbana que funciona desde 2023 en la cárcel de Itagüí.

Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín, presentará la segunda demanda con un enfoque distinto. El cabildante expresó preocupación por las consecuencias electorales que podría traer la medida, ya que estas estructuras tienen influencia en varios territorios de la ciudad. En sus declaraciones, también cuestionó el trasfondo político de la decisión y mencionó al presidente Gustavo Petro, sugiriendo posibles implicaciones en el escenario electoral.

La suspensión de capturas cobija a varios de los voceros que participan en la mesa de paz urbana. Entre ellos figuran alias Carlos Pesebre, quien se retiró del proceso el 9 de febrero de 2026, así como El Tigre, El Indio, Grande Pa, Vallejo, Douglas, Lindolfo, Tom o Chata, y Juan XXIII. Algunos ya estaban en libertad cuando se tomó la decisión.

El punto más delicado de las demandas es la cuestión legal de fondo: los demandantes sostienen que no hay justificación válida para levantar órdenes de captura, especialmente en casos donde los implicados ya cumplieron condenas o no están privados de la libertad. Si lo que se busca es garantizar su comparecencia ante la justicia, argumentan, existen mecanismos ordinarios que no requieren limitar la acción de las autoridades judicales.

Ahora será el Consejo de Estado quien determine si la resolución se ajusta al marco legal. La decisión abre un nuevo capítulo en la discusión sobre los alcances jurídicos de la paz urbana en Colombia y los instrumentos utilizados para avanzar en estos procesos, en medio de un debate que mezcla seguridad, justicia y política en el país.