El dolor de una tragedia volvió a golpear al Nordeste antioqueño, y esta vez trajo consigo una ola de cuestionamientos sin respuesta. Una madre y dos de sus hijos murieron en Segovia tras el impacto de un artefacto explosivo lanzado desde un dron. El hecho dejó a las autoridades departamentales sin paciencia y sin palabras amables para el Gobierno Nacional.

El gobernador Andrés Julián Rendón no se guardó nada. Con la indignación a flor de piel, cuestionó directamente la operatividad del Ejército en la región. "¿Cómo es que el Ejército no ha llegado?", preguntó retóricamente, subrayando lo que considera una demora inaceptable. Según Rendón, resulta "incomprensible que, a pesar de contar con helicópteros y aviones, el Ejército no haya llegado al sitio de la tragedia con la celeridad requerida. No es para que tome cinco días ni tres; tienen que utilizar sus capacidades para controlar el territorio", sentenció el mandatario. Agregó además que la zona urbana de Segovia está prácticamente desprotegida, con apenas 20 unidades policiales enfrentándose a estructuras criminales de gran envergadura.

Pero la crítica no se quedó solo en la respuesta tardía. Rendón fue más allá y apuntó directamente hacia la política de negociación del presidente Gustavo Petro. Afirmó que grupos como el Frente Cuarto de las Farc (Estructura Calarcá), el Eln y el Clan del Golfo han logrado "contemporizar" con el Gobierno Nacional, lo que a su juicio ha fortalecido su capacidad de ataque. "Uno sigue sin entender cómo es que el gobierno pone por delante los intereses de estos criminales a la protección de la población civil", expresó, destacando una realidad incómoda: el dinero del narcotráfico y la minería ilegal les permite a estos actores ilegales superar en tecnología a la fuerza pública local.

El secretario de Seguridad, Luis Eduardo Martínez, también tomó la palabra para alertar sobre una táctica que calificó como especialmente peligrosa. El uso de drones cargados con explosivos "prende todas las alarmas", afirmó. Según Martínez, aún se estudian dos hipótesis: que se trate de un accidente en medio de enfrentamientos entre grupos ilegales, o un ataque deliberado contra la familia bajo una acusación falsa de colaboración con las autoridades. El secretario reveló que la Gobernación ha solicitado repetidamente asistencia militar y la creación de "burbujas operacionales" (unidades mixtas que integren Ejército, Policía y Fiscalía con fiscales en terreno), pero dice que estas peticiones han sido ignoradas a nivel nacional.

Cansados de esperar respuestas que no llegan, las autoridades de Antioquia decidieron tomar cartas en el asunto por su propia cuenta. La Gobernación anunció que utilizará recursos de la tasa de seguridad para modernizarse tecnológicamente. En aproximadamente un mes se entregarán cinco equipos antidrones al Ejército, y el departamento ya avanza en un proceso para adquirir entre 30 y 35 drones adicionales para reforzar la vigilancia y la respuesta operativa. Es un reconocimiento de que, en este momento, Antioquia está asumiéndose una responsabilidad que debería corresponder al Ministerio de Defensa nacional. Una inversión que no debería ser necesaria, pero que parece indispensable para una región que sigue pidiendo protección a gritos.