El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló directamente a los explotadores ilegales del predio La Mandinga como los principales responsables de los paros mineros que han azotado el Bajo Cauca en los últimos años. Según el mandatario, estos grupos no solo han arrasado con el ambiente de la región, sino que además han impulsado las movilizaciones que derivaron en bloqueos y disturbios del orden público. "Esos que han estado explotando ilícitamente oro en el predio La Mandinga han sido los principales instigadores de los paros mineros que se han hecho en el Bajo Cauca, en 2022, en 2023 y el reciente que acabamos de pasar", afirmó.

Rendón fue más allá y cuestionó severamente al Gobierno Nacional. Explicó que el predio, de alrededor de 4.000 hectáreas, ya había sido extinguido en dominio y destinado al Fondo de Reparación para las víctimas del conflicto. Sin embargo, aseguró que ahora está siendo usado para actividades criminales que están destrozando el territorio. "Ese predio ya había pasado al Fondo de Reparación para las víctimas, pero hoy el crimen se ha apoderado de él y lo ha sometido a explotación ilícita de minerales, generando un daño ambiental que salta a la vista", indicó. También advirtió sobre las complejidades que enfrenta la Fuerza Pública en el terreno: "Es muy difícil para la fuerza pública tener a su jefe como enemigo y también es muy duro para las víctimas".

El conflicto alrededor de La Mandinga escaló después de que el fotoperiodista Federico Ríos publicara una investigación internacional en The New York Times documentando la explotación ilegal de oro en la zona y sus conexiones con estructuras criminales. El reportaje mostró cómo el mineral extraído podría estar ingresando a circuitos internacionales, lo que encendió todas las alarmas sobre el control institucional.

En medio de la polémica, se supo que un título minero relacionado con La Mandinga fue entregado en abril de 2024 durante un acto público encabezado por el presidente Gustavo Petro en Caucasia, como parte de procesos de formalización minera. No obstante, la Agencia Nacional de Minería actualmente adelanta una revisión para establecer si ese título fue otorgado correctamente y si corresponde con el predio ubicado cerca del Batallón Rifles en Cáceres. Se conoció además que desde la Presidencia consultaron información sobre la presunta entrega del título a Ermelina Isabel Cardozo.

Todo esto ha dejado preguntas sin respuesta en el aire: por qué la Presidencia no ha aclarado esta entrega, y por qué la Agencia Nacional de Minería otorgó un título en 2024 que ahora dice estar en revisión. Rendón fue enfático al cerrar su mensaje: "Quien debe realmente responder, no solo a las víctimas a quienes les usurparon su propiedad, sino también por el daño ambiental, es el mismo Gobierno Nacional". Sus palabras reflejan la tensión creciente en el Bajo Cauca, donde la minería ilegal sigue cobrando facturas en seguridad, ambiente y economía.