En el último momento se evitó una crisis de movilidad en el departamento. La Gobernación de Córdoba y el resguardo indígena Zenú Panzenú lograron ponerse de acuerdo después de intensas negociaciones, frenando así la minga que estaba programada para el lunes 20 de abril. El secretario del Interior departamental, Gerardo Rodríguez, encabezó el diálogo que permitió desactivar una confrontación que hubiese paralizado varios municipios.

Lo que estaba en juego era bastante serio. La protesta, convocada bajo el lema "Minga por la Vida, el Territorio, la Paz y la Justicia Social", tenía como objetivo bloquear puntos estratégicos del sur del departamento, con especial énfasis en el puente San Jorge. Esa estructura vial es prácticamente la columna vertebral para la conexión entre La Apartada, Montería y Antioquia. Un cierre habría significado un golpe muy fuerte para la economía local, afectando el flujo de bienes, servicios y la vida cotidiana de miles de personas.

Los municipios de La Apartada, Ayapel, Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador estaban en vilo, sabiendo que cualquier bloqueo tendría consecuencias inmediatas en el comercio, el transporte y hasta en la provisión de alimentos y medicinas. La tensión era palpable en la región.

El acuerdo que se alcanzó incluye un compromiso de la Agencia Nacional de Tierras para revisar y atender las solicitudes territoriales de la comunidad indígena dentro de un plazo de 15 días. Según el secretario Rodríguez, "el compromiso alcanzado busca avanzar en la solución de las solicitudes territoriales, lo que permitirá un ambiente de paz y justicia social en la región".

El resultado refleja lo que puede pasar cuando hay disposición real de escuchar de ambos lados. La comunidad indígena consiguió que sus demandas fueran tomadas en serio, y la región evitó una paralización que habría tenido costos muy altos. Ahora el desafío será que la Agencia Nacional de Tierras cumpla en el tiempo acordado, porque de eso dependerá que la confianza entre las partes se mantenga.