En el barrio Altos del Medio de Rionegro acaban de demoler tres inmuebles que durante años fueron refugio de delincuentes. Según los vecinos, estas estructuras eran utilizadas para el consumo y tráfico de drogas, además de otras actividades que generaban inseguridad constante en la zona. La Gobernación de Antioquia ejecutó esta intervención buscando recuperar espacios que habían quedado en manos de la criminalidad.

El edificio más grande intervenido era un inmueble de tres pisos en avanzado estado de deterioro. Tenía muros agrietados, paredes desmoronándose y techo dañado. Jorge Humberto Rivas Urrea, alcalde de Rionegro, explicó la situación que vivían los residentes: "Este sitio era frecuentado por los bandidos, la Policía los sacaba y otra vez volvían. Incluso está relacionado con un homicidio ocurrido en el sector. He recorrido el barrio y los vecinos están muy contentos con la demolición".

Lo más importante es que esta acción forma parte de una estrategia que está cambiando la cara de la seguridad en Rionegro. El Gobernador Andrés Julián subrayó el progreso: "En 2016, Rionegro registraba cerca de 50 homicidios al año. Gracias a esta estrategia, donde solo aquí se derribaron más de 20 focos de inseguridad, la tasa de homicidios se redujo a menos de 7 por cada 100 mil habitantes".

El trabajo no se detiene en Rionegro. Durante 2024 y 2025, la administración departamental ha derribado 41 inmuebles considerados puntos de inseguridad en varios municipios antioqueños: Amagá lidera con 18 demoliciones, seguido por Sonsón con 6, Copacabana y Yarumal con 4 cada uno, Abejorral con 3, Amalfi con 2 y Cocorná con 1. Además, municipios como La Estrella, Guarne y Ciudad Bolívar ya han identificado nuevos inmuebles para futuras intervenciones.

Estas demoliciones eliminan espacios donde proliferaban homicidios, microtráfico, extorsión y explotación infantil. Al recuperar estos territorios, la administración busca devolver la confianza a los ciudadanos y transformar barrios completos que habían caído bajo control de economías criminales. El proceso se ejecuta con coordinación entre la Gobernación, alcaldías, Policía, Fiscalía y juzgados, garantizando que cada demolición cumpla todos los requisitos legales necesarios.