Tras una orden judicial del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, la Gobernación del Cesar convocó la primera sesión extraordinaria del Comité Territorial de Justicia Transicional. El propósito era claro: poner en marcha las medidas cautelares decretadas a favor del pueblo indígena Kankuamo, llevando el proceso a un nivel de decisiones concretas entre instituciones.

Este encuentro representó un paso importante después de las mesas técnicas previas. En la jornada participaron entidades del orden nacional, departamental y municipal, además de organismos de control, representantes de víctimas y las propias autoridades indígenas del pueblo Kankuamo. La Unidad de Restitución de Tierras lideró el proceso coordinando toda esta articulación.

El cabildo gobernador del pueblo Kankuamo presentó la realidad que vive su comunidad en estos momentos. Explicaron los riesgos que enfrentan en su territorio ancestral, principalmente relacionados con hechos ocurridos entre 2025 y comienzos de 2026, cuando grupos armados ilegales se han mantenido en zonas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta. La situación de inseguridad es lo que motivó las medidas cautelares que ahora intenta implementarse.

Sergio Murillo Clavijo, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Cesar y La Guajira, explicó la importancia del momento: "Hoy, en el marco de la Ley 1448 de 2011, participamos en este Comité de Justicia Transicional, que adquiere una relevancia especial por la orden judicial que busca proteger al pueblo Kankuamo. Las medidas cautelares fueron solicitadas ante las graves condiciones por la inseguridad que enfrenta esta comunidad, especialmente por hechos registrados en 2025 y 2026, relacionados con la presencia de grupos armados ilegales en su territorio".

Durante la sesión, la Fuerza Pública presentó acciones conjuntamente con la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General y la Agencia Nacional de Tierras. Cada una explicó qué está haciendo para cumplir las órdenes judiciales de protección. Las organizaciones de víctimas presentes validaron este ejercicio de seguimiento y coordinación interinstitucional.