La Gobernación de Cundinamarca confirmó hace poco la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, el colegio ubicado en Cajicá donde ocurrió la muerte de Valeria Afanador. La decisión se materializó a través de la Resolución 004627 del 19 de junio de 2026, expedida por la Secretaría de Educación departamental, que declaró al establecimiento responsable de infracciones graves contra la normatividad que rige el servicio educativo.

Lo que preocupa a muchas familias es qué pasará con los estudiantes que actualmente asisten a la institución. Por eso es importante aclarar que la sanción no se aplica de forma inmediata. El colegio seguirá funcionando mientras se tramiten los recursos legales que la defensa de la institución pueda presentar. Según lo establecido en la resolución, el cierre comenzaría a regir una vez finalizado el calendario académico de este 2026. Antes del 31 de octubre de ese año, la rectora debe presentar un plan de reubicación de estudiantes ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca.

El caso que motivó esta sanción remite a hechos que estremeció a la comunidad educativa. El 12 de agosto de 2025, Valeria Afanador fue reportada como desaparecida dentro del colegio durante la jornada escolar. Después de un intenso operativo de búsqueda en el que participaron autoridades policiales, militares y organismos de socorro, su cuerpo fue hallado en el río Frío. Las investigaciones establecieron que la menor murió por ahogamiento ese mismo día de su desaparición.

La Fiscalía ha avanzado en paralelo con su investigación penal, solicitando imputación por homicidio culposo contra dos personas vinculadas a la institución. Las acusaciones apuntan a posibles fallas en los deberes de vigilancia y protección que el colegio debía garantizar. En su resolución, la Gobernación señaló que el establecimiento incumplió disposiciones relacionadas con la prestación del servicio público de educación y con los deberes de cuidado y seguridad hacia los estudiantes.

En septiembre de 2025, el abogado de la familia de Valeria, Julián Quintana, había pedido públicamente el cierre del colegio ante las autoridades educativas, argumentando que existían fallas graves en las condiciones de seguridad del plantel. La medida adoptada ahora responde en buena medida a esos reclamos y a la investigación que determinó responsabilidades administrativas en la institución.

Por el momento, el colegio continúa operando mientras se resuelven los recursos legales que podrían modificar o confirmar la sanción. La Gobernación también ordenó remitir el expediente a la Fiscalía General de la Nación para que continúe con las actuaciones de su investigación criminal. El caso sigue siendo materia de atención por parte de las autoridades competentes.