En medio de una crisis de seguridad sin precedentes en el suroriente colombiano, el Gobierno ha puesto al frente de sus negociaciones de paz con las disidencias de alias Calarcá a Gloria Quiceno, una veterana política con un camino poco común: pasó de la lucha armada con el M-19 a ser congresista de la república.

La designación de Quiceno ocurre en un momento crítico. Esta semana, Guaviare fue escenario de enfrentamientos brutales entre disidencias rivales por el control territorial. Las estructuras lideradas por alias Calarcá y alias Iván Mordisco dejaron cerca de 50 muertos en los combates. Pero lo más preocupante para quienes observan los diálogos es que, según datos de El Colombiano, la disidencia de Calarcá no ha dejado de armarse durante las conversaciones de paz. Ha pasado de 1.400 combatientes en 2023 a casi 2.958 hoy: un crecimiento de 111 por ciento.

Quiceno, nacida en Pereira, es profesional en estudios políticos y resolución de conflictos. Se formó en el Instituto Pedagógico Nacional de la Universidad Nacional y luego ingresó al M-19, donde participó en labores políticas y organizativas antes de que esa guerrilla se desmovilizara en 1990. Después de la paz, asumió la dirección nacional del proyecto de reinserción de excombatientes en el Ministerio del Interior, coordinando programas para que los guerrilleros reinsertados tuvieran oportunidades económicas. Fue elegida congresista por el movimiento político que surgió de esa desmovilización, la Alianza Democrática M-19, y en 1997 asumió su dirección ejecutiva.

El grupo que negocia con Quiceno, ahora llamado Estado Mayor de Bloques y Frentes, comandado por Alexander Díaz Mendoza, es el más poderoso de la mesa de diálogos. Controla 16 estructuras consolidadas en tres bloques distintos y su alcance se extiende ya a 10 departamentos y cerca de 100 municipios, según datos de la Fundación Ideas para la Paz.

La Defensoría del Pueblo ha advertido que mientras avanzan los diálogos, aumentan las acciones armadas de Calarcá, lo que genera una tensión evidente en el proceso de negociación. El Ministerio de Defensa, por su parte, fue contundente al reaccionar. Consideró que el comunicado de la disidencia en el que reconoce los enfrentamientos en Guaviare constituye una "confesión pública" de graves crímenes. El ministerio subrayó que entre los muertos hay menores de edad reclutados por la organización, lo cual viola el Derecho Internacional Humanitario.

La cartera de Defensa fue enfática: "Estas organizaciones criminales representan una amenaza directa para la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. Son grupos que desprecian la vida humana y sostienen su actuar mediante economías ilícitas como el narcotráfico, además de actividades terroristas y extorsivas". Advirtió que todos los responsables de estos hechos podrían enfrentar penas de hasta 50 años de prisión. El ministerio además rechazó lo que llamó intentos "cínicos" de la disidencia por normalizar la violencia y justificar las masacres con argumentos de defensa territorial.