El centro de la tormenta política colombiana se movió apenas horas después de que Gloria Arizabaleta, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, firmara un auto que ordenaba la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro. Menos de cinco horas después de que se conociera la decisión, la congresista radicó una adición al documento para aclarar que las cosas no funcionan como inicialmente se había planteado.

En su rectificación, Arizabaleta explicó que la medida de suspensión no puede hacerse efectiva de manera inmediata ni por decisión individual de una representante investigadora. Según la precisión de la congresista, integrante de la Comisión de Investigación y Acusación, cualquier solicitud de suspensión debe ser estudiada y votada primero por la Comisión de Acusaciones, de acuerdo con lo que establece el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019. Solo si esa instancia aprueba la medida, el proceso podría continuar en las etapas posteriores del trámite constitucional.

La aclaración llegó después de que diversos sectores políticos y jurídicos levantaran la voz cuestionando la legalidad del auto inicial. Los críticos señalaban que el procedimiento podría desconocer el fuero especial que protege al presidente de la República y las competencias que la Constitución asigna al Congreso en estos procesos. El documento inicial había planteado la suspensión provisional de Petro hasta el cierre de la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio, lo que generó una ola de reacciones.

Arizabaleta, abogada con especializaciones en derecho penal y derecho internacional, además de una maestría en derecho, actualmente integra la Comisión Cuarta y la Comisión de Acusaciones, el organismo encargado de investigar a altos funcionarios del Estado. Su rectificación intentó limpiar el terreno tras las críticas sobre los alcances reales de su competencia.

Desde Nueva York, donde participaba en actividades relacionadas con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente Petro rechazó la solicitud de suspensión. El mandatario aseguró que aún no existe una decisión de la Comisión de Acusaciones y sostuvo que cualquier eventual suspensión de un jefe de Estado debería pasar por el Senado. Además, afirmó que en su opinión se habría vulnerado la legislación colombiana con el procedimiento inicial.