La historia se complica en el Congreso. Gloria Arizabaleta, congresista que preside la Comisión de Investigación y Acusación, le confesó a la periodista María Camila Orozco de Blu Radio que el documento en el que se plantea suspender al presidente Gustavo Petro se filtró de manera accidental. Según ella, "se le fue" en un correo. Lo cierto es que por ahora ese documento no tiene ningún efecto legal porque ni siquiera ha sido radicado formalmente ante la Comisión de Acusaciones, y aún faltaría un largo camino dentro del Legislativo.

El colega Alejandro Ocampo complementó la versión en el mismo medio, relatando que Arizabaleta le dijo que extrajeron el documento de su celular y que ella "no sabe cómo". Ocampo salió al paso de las sospechas que circulan sobre si Arizabaleta estaría ayudando al presidente. "Lo contrario, buscan perjudicarlo", aseguró el representante, y argumentó que como Petro está en Nueva York representando al país, una autosuspensión en este momento sería "una especie de golpe blando". Ocampo añadió que "eso no está bien (...) crea un clima maluco en elecciones".

Pero la desconfianza existe. Hay quienes sospechan que el petrismo podría estar usando esta estrategia para que el mandatario quede en libertad de hacer campaña a favor del candidato Iván Cepeda. La pregunta obvia es: por qué Arizabaleta sería la pieza clave de esta operación. La respuesta está en su historial político. Llegó al Congreso en 2022 respaldada por el Pacto Histórico, y además recibió apoyo de La Fuerza de la Paz, el partido que dirige Roy Barreras, su exesposo. Curiosamente, Barreras es quien recientemente anunció su apoyo a Cepeda.

Esta no es la primera vez que los vínculos de Arizabaleta con el petrismo generan sospechas. En febrero de 2026, ella misma salió a negar que mantenga relaciones políticas o personales con Barreras, y denunció que sufre de violencia política. En un comunicado en redes sociales insistió en que su trabajo es "completamente independiente" y recordó su trayectoria como abogada, activista en derechos humanos y conservación ambiental, con estudios de maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional.

Su carrera profesional incluye paso por la Fundación Proambiental CELA, la Cruz Roja Colombiana, la Procuraduría Delegada de Restitución de Tierras y la Fiscalía General de la Nación. En el Congreso participa en varias comisiones relacionadas con temas constitucionales, ambientales y de riesgo de desastres. Precisamente, como presidenta de la Comisión Legal de Investigación y Acusación, es la responsable de adelantar procesos contra altos dignatarios.

Pero los problemas no paran ahí. La Procuraduría abrió recientemente una indagación preliminar en contra de Arizabaleta, junto con los congresistas Alirio Uribe y Wilmer Carrillo, por supuestas demoras en los trámites de quejas y denuncias que involucran al presidente Petro. La razón: la Comisión enfrenta un represamiento de cerca de 3.000 actuaciones, aproximadamente 290 de las cuales están relacionadas con el jefe de Estado. La Procuraduría investiga si hubo falta de diligencia, deficiencias organizativas o incluso posibles prevaricatos por omisión en el manejo de estos expedientes.