Gloria Elena Arizabaleta Corral, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, salió a explicar qué pasó con el documento que generó revuelo político estos días. Según la congresista, la filtración del borrador que proponía la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro Urrego fue resultado de un error técnico involuntario durante el envío de un correo electrónico. Lo importante, aclaró, es que ese texto carece de efectos jurídicos porque no ha sido radicado formalmente ante la secretaría de la comisión.

El representante Alejandro Ocampo agregó información sobre lo sucedido. De acuerdo con conversaciones que tuvo con Arizabaleta, el archivo habría sido extraído de su teléfono de forma desconocida. Ocampo rechazó las teorías que circulaban en el Congreso sugiriendo que esto fuera una estrategia para beneficiar al presidente en el contexto de las elecciones. En su lugar, advirtió que la situación genera inestabilidad institucional justo cuando están en votaciones y afecta la representación internacional del jefe de Estado, quien en ese momento se encontraba en Nueva York.

El borrador sin radicación desató interpretaciones de todo tipo en la Cámara. Varios sectores plantearon que la medida podría buscara habilitar al mandatario para participar en la campaña del candidato Iván Cepeda. Por sus vínculos con la coalición oficialista Pacto Histórico y sus antecedentes con el partido La Fuerza de la Paz, Arizabaleta emitió un comunicado enfatizando la total independencia y autonomía de sus funciones como legisladora.

Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra Arizabaleta y los representantes instructores Alirio Uribe y Wilmer Carrillo. El Ministerio Público busca establecer si hay presunta morosidad o dilación injustificada en el trámite de denuncias contra el Presidente de la República.

La situación se complica con cifras que salieron a la luz: la Comisión de Investigación y Acusación tiene un represamiento de cerca de tres mil actuaciones judiciales, de las cuales aproximadamente 290 corresponden a expedientes relacionados con el jefe de Estado. Arizabaleta confirmó que ella tiene bajo su conocimiento diez procesos activos con radicación específica, cuyos contenidos se mantienen bajo reserva legal mientras avanza la evaluación de la Sala de Instrucción.