El mismo día en que la congresista Gloria Arizabaleta generó una ola de polémica al intentar una suspensión provisional contra el presidente Gustavo Petro, notificó la apertura de un nuevo proceso penal en su contra. Esta vez, el asunto gira alrededor de la adquisición de los aviones de combate Gripen, de la empresa sueca Saab, que reemplazarán a los cazas Kfir israelíes que han estado en operación durante 35 años.

La indagación previa surge de una denuncia que presentó Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, quien cuestionó varios aspectos de la compra. El documento que abrió la investigación señala interrogantes sobre el costo pagado por los diecisiete aviones, los procedimientos de contratación seguidos y la identidad de quiénes actuaron como intermediarios en el negocio. También busca esclarecer qué compensaciones exactamente acordó Colombia con Saab, en particular respecto a inversiones que supuestamente se harían en el Hospital San Juan de Dios con tecnología sueca.

Arizabaleta, que fue elegida con el Pacto Histórico pero ahora se distancia de esa colectividad, decretó escuchar bajo juramento al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y solicitó al ministerio que entregue toda la documentación sobre la compra. También pidió información a la Procuraduría y la Contraloría. Según reportes, la congresista tiene pendiente suscribir veinte autos más entre los que firmó a principios de junio.

La denuncia que movió esta investigación plantea que Colombia pagó 213 millones de dólares por los Gripen, más de lo que invirtió Tailandia cuando renovó su flotilla con Saab en 2025 por 137 millones. Bustos también cuestionó si se siguieron correctamente las reglas de contratación y si "se desconocen las personas que sirvieron de intermediarios para la realización del contrato y si esto generó un costo adicional".

Desde el Gobierno han sostenido que el proceso fue transparente. La Contraloría, tras revisar el expediente en enero, concluyó que la adquisición contaba con respaldo técnico suficiente. El análisis técnico de la Fuerza Aeroespacial Colombiana comparó las ofertas y le dio mayor puntaje a la sueca por factores como menor costo por hora de vuelo, capacidad de operar en pistas cortas y precios de mantenimiento competitivos. El acuerdo se concretó en 3.135 millones de dólares, cifra que incluye compensaciones industriales, sociales y militares de las que el Ministerio de Comercio ejecutará el 85 por ciento.

La indagación que acaba de abrirse Arizabaleta marca el inicio formal de un proceso penal. Aunque la sola denuncia no es suficiente para una investigación formal, sí lo es para una indagación previa donde se pueden recopilar pruebas y determinar si el presidente incurrió en alguna conducta punible. El ministerio tiene ocho días para entregar la documentación solicitada a la Comisión de Acusación.