La inspección llegó al Hospital Universitario del Valle en la mañana del 25 de febrero. Personal del Ministerio de Trabajo, incluyendo la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección Sandra Milena Muñoz, recorrió las instalaciones del HUV en el sur de Cali para investigar presuntas intermediaciones ilegales. Según el reporte ministerial, dos agremiaciones sindicales que operan en el hospital no funcionan como sindicatos reales, sino que utilizarían contratos sindicales para tercerizar e intermediar a más de 4.000 trabajadores.

Las cifras presentadas por la viceministra Muñoz causaron alarma. Un trabajador vinculado a través de una agremiación gana 1.700.000 pesos, mientras que uno de nómina directa gana 3 millones. Además, señaló diferencias en prestaciones: los agremiados reciben cinco días de vacaciones en lugar de los quince que disfruta el personal directo. También expresó preocupación por riesgos laborales, incluyendo la manipulación de químicos que podrían generar problemas cancerígenos.

El presidente Gustavo Petro amplificó la polémica al escribir en X: "En el Hospital Universitario del Valle (HUV) tenían prácticamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada". Esta declaración abrió un debate sobre las prácticas laborales en la institución.

Irne Torres, gerente del HUV, rechazó categóricamente las acusaciones del mandatario. "Hay imprecisiones. Nosotros como institución venimos trabajando de manera responsable por los vallecaucanos. Tenemos unas figuras de contratación que son conocidas, no son contratos amañados, son licitaciones públicas que el hospital realiza". Torres explicó que el hospital contrata procesos y actividades a través de agremiaciones, no directamente a personas. Aseguró que estas figuras de contratación son legales y avaladas por el Ministerio de Trabajo, práctica que lleva décadas en el país.

Según el gerente, los números presentados en la inspección no son exactos. Afirmó que el hospital tiene 475 trabajadores vinculados directamente y que las agremiaciones cuentan con 3.078 personas, no 4.000 como indicó el Ministerio. Estos últimos prestan servicio en especialidades médicas y labores de enfermería. El costo de estos servicios ronda los 15.000 millones de pesos mensuales.

Torres señaló que vincular a todos estos trabajadores a nómina resulta imposible debido a dos factores cruciales: el hospital opera bajo ley 550 desde 2016, un esquema de reactivación empresarial, y las EPS no pagan lo que factura el HUV. El hospital factura un promedio de 80.000 millones de pesos mensuales a las EPS pero solo recauda 45.000 millones. Esta cartera vencida, que supera los 600.000 millones de pesos, crece cada día. "No se escuchan en los anuncios de la viceministra que va ayudar para que las EPS paguen lo que les debe a los hospitales", expresó.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, defendió la institución. "El Hospital Universitario no vulnera derechos, al contrario, lo que hace es salvar vidas, que es el derecho fundamental que todos tenemos". Sostuvo que las agremiaciones sindicales son legales y que muchos hospitales del país utilizan estas figuras porque no tienen recursos para vincular al personal a planta. Torres coincidió en que espera los resultados formales de la inspección antes de sacar conclusiones, pero se mostró abierto a implementar mejoras si el Gobierno Nacional establece una ruta clara y compatible con la situación financiera del hospital.