Una bomba política explotó en el Gobierno. Angie Rodríguez, quien funge como gerente del Fondo de Adaptación y fue mano derecha del presidente Gustavo Petro, salió a denunciar públicamente lo que describe como una operación sistemática de corrupción al interior de la administración nacional.

En declaraciones a Caracol Radio, Rodríguez fue contundente en sus acusaciones. Según ella, existe "un concierto para delinquir" con más de 20 personas identificadas que estarían involucradas en un esquema organizado de manejo de recursos públicos y nombramientos. La gerente sostiene que ella fue quien advirtió internamente sobre la falsedad de los títulos académicos de Juliana Guerrero antes de que el caso se convirtiera en escándalo público.

Las presiones en su contra, asegura Rodríguez, tienen un propósito claro: apartarla del cargo para que otros accedan a los 1,2 billones de pesos que administra el Fondo de Adaptación. Además, menciona la existencia de videos y mensajes que probarían el uso de "espías" para traficar información confidencial dentro de las entidades del Estado.

En su denuncia, Rodríguez señala a varios funcionarios públicos. Juliana Guerrero aparece como la persona que presuntamente ejercería el control real sobre el Dapre, el Fondo Colombia en Paz y el Ministerio de la Igualdad. Carlos Carrillo, director de la UNGRD, es acusado de haber infiltrado a un asesor para realizar seguimientos y grabaciones ilegales dentro del Fondo de Adaptación. Miguel Ángel Ospino Romero es identificado como "espía" que cumplía funciones de asesor en la entidad.

Ahora el balón está en la cancha de las autoridades competentes. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría tendrán que investigar la veracidad de estos testimonios y evaluar si existen las pruebas que respalden los señalamientos contra los funcionarios mencionados.