Un militar retirado que comandó una unidad del Ejército en la Costa Caribe ha reconocido públicamente ante la Jurisdicción Especial para la Paz que fue responsable de crímenes graves: asesinatos y desapariciones forzadas que fueron ocultados presentándolos como muertes en combate. El brigadier general Adolfo León Hernández Martínez compareció durante las audiencias que comenzaron hace poco en Barranquilla y que continuarán a finales de julio en Valledupar, donde ha tenido que mirar a los ojos a las víctimas y sus familias para asumir lo que hizo.

Lo particular de este caso es que Hernández Martínez no solo reconoció lo que pasó, sino que también anunció que devolverá las medallas que recibió por los supuestos logros operacionales durante su mando en el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, entre diciembre de 2007 y junio de 2009. Con este paso, se ha convertido en el octavo general retirado del Ejército Nacional que acepta ante la justicia transicional su participación en estos falsos positivos, como se conocen popularmente a estos crímenes.

Los números son escalofriantes. Durante los diecinueve meses que Hernández Martínez estuvo al frente de la unidad, reportaron 37 bayas en combate en 22 operaciones militares. Sin embargo, la JEP estableció que 24 de esas muertes, casi el 65 por ciento, fueron en realidad asesinatos presentados ilegítimamente como resultados de combate. La investigación determinó que el comandante conocía las denuncias sobre irregularidades, ayudó a ocultarlas y permitió que la estructura criminal continuara porque no impuso controles efectivos ni investigaciones disciplinarias.

En las audiencias públicas, el general Hernández expresó su reconocimiento de lo que pasó con palabras que reflejan el peso de los hechos. "Comparezco hoy ante ustedes con profunda vergüenza, dolor y con pleno reconocimiento de responsabilidad por los crímenes atroces cometidos durante el grado de teniente coronel en el Batallón 'La Popa'", dijo. Luego añadió: "Con vergüenza reconozco que mi manera de ejercer el mando, la presión por los resultados que transmití, la estructura que mantuve, los resultados que validé y los controles insuficientes que permití, contribuyó esencialmente a que esta práctica criminal continuara".

Lo que la JEP ha documentado en la Costa Caribe revela un patrón criminal organizado. Unidades militares en toda la región asesinaron y desaparecieron personas de manera sistemática para presentarlas como bajas en combate, buscando mostrar buenos resultados operacionales. Lo hacían con presiones, incentivos y mecanismos para ocultar lo que pasaba. Entre las 604 personas que la JEP documentó como víctimas entre 2002 y 2008, hay 26 niños y niñas, 31 indígenas de los pueblos Wiwa, Wayúu y Kankuamo, y 14 mujeres, una de ellas embarazada.

El magistrado Óscar Parra Vera, quien dirige esta investigación, explicó que el número real de víctimas es aún mayor. "Con lo documentado por la JEP en esta región, el universo de víctimas asciende, aproximadamente, a 750 personas, lo que evidencia la dimensión de estos crímenes y la importancia de realizar estas dos jornadas de audiencia: la primera en Barranquilla y la segunda en Valledupar. Esta diligencia ha estado precedida por espacios de escucha, preparación y diálogo en los que las víctimas han ocupado un lugar central, no solo como destinatarias de justicia, sino como voces indispensables para comprender la profundidad del daño causado", señaló.

En total, 25 personas comparecerán ante la JEP para confirmar los reconocimientos de responsabilidad que ya habían presentado por escrito. Lo sorprendente es que solo siete de ellos habían sido condenados en la justicia ordinaria antes de llegar a la jurisdicción transicional, lo que muestra cómo estos crímenes tardaron años en ser investigados y juzgados.