En una audiencia pública que transcurre en Villavicencio como parte del Macro Caso 03 sobre falsos positivos, el general retirado Carlos Ovidio Saavedra se enfrentó a las víctimas y sus familias para reconocer su responsabilidad en uno de los capítulos más oscuros de la historia militar reciente. Durante su comando de la VII Brigada entre 2001 y 2003, admitió haber contribuido al asesinato de 130 civiles inocentes que fueron presentados engañosamente como bajas en combate.

La diligencia marcó un momento cargado de simbolismo cuando más de 80 víctimas acreditadas ingresaron al recinto portando fotografías de sus familiares asesinados y desaparecidos. Las imágenes fueron colocadas en un árbol de memoria dispuesto en el auditorio como acto de dignificación. En total, el subcaso Meta reconoce 462 víctimas, y los comparecientes aceptaron responsabilidad por 209 asesinatos ilegalmente presentados como bajas entre 2002 y 2007, incluidos diez menores de edad.

Saavedra explicó cómo la lógica institucional de la época transformó la muerte en un indicador de eficiencia. "Poco a poco empezamos a medir los resultados por la cantidad de muertos", reconoció ante los magistrados. El general admitió haber ejercido presión directa sobre sus comandados para aumentar los números, incluso utilizando expresiones como "tóquela la puerta al vecino" o "en río revuelto, ganancia de pescadores". Para incentivar estas prácticas, otorgó felicitaciones, permisos y beneficios a militares vinculados con operaciones donde se reportaban muertes. Llegó al punto de emitir comunicados oficiales felicitando al Batallón Pantano de Vargas por alcanzar las 100 bajas en combate durante 2003. "Hoy me avergüenzo porque esas bajas corresponden a civiles asesinados. La muerte terminó convirtiéndose en mostrar eficiencia militar", dijo ante las víctimas.

Un aspecto central de su reconocimiento fue la ausencia de controles efectivos para verificar la legalidad de las operaciones. Saavedra admitió que tenía la obligación de revisar la documentación operacional, pero no lo hizo con el rigor necesario. Reconoció que muchas carpetas contenían documentos alterados, informes falsificados y montajes destinados a dar apariencia de legalidad a asesinatos y desapariciones forzadas. A pesar de las señales de alerta, no ordenó las inspecciones ni investigaciones que hubieran esclarecido los hechos.

El general también asumió responsabilidad por lo que denominó una "segunda forma de violencia" ejercida contra las víctimas y sus familias. Tras los asesinatos, explicó, se construían versiones falsas presentando a los civiles como integrantes de grupos armados abatidos en combate, mediante informes falsos, documentos manipulados y supuestas incautaciones de armas. "Reconozco que mi responsabilidad no se limita a no haber impedido las muertes; también soy responsable por no haber impedido que esas muertes fueran ocultadas mediante falsedades que destruyeron la dignidad de las víctimas y prolongaron el sufrimiento de sus familias", expresó Saavedra.

En otro aspecto relevante, el general retirado también reconoció la existencia de relaciones ilegales entre integrantes del Ejército y estructuras paramilitares. Aceptó que bajo su mando existió connivencia entre miembros del Batallón Pantano de Vargas y el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La audiencia continúa desarrollándose en Villavicencio como parte del proceso de verdad y reparación que investiga estos crímenes de guerra y de lesa humanidad.