César Gaviria salió al paso con críticas contundentes contra la gestión de seguridad del presidente Gustavo Petro. El expresidente y director del Partido Liberal rechazó enfáticamente que el gobierno haya solicitado suspender las órdenes de captura y extradición de 29 cabecillas del Clan del Golfo, incluyendo a su comandante máximo, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como "Chiquito Malo". En su comunicado, Gaviria fue directo: "el gobierno del presidente Gustavo Petro convirtió la llamada paz total en una rendición total frente al narcotráfico", frase que resume su visión sobre la política de seguridad actual.

El exmandatario advirtió sobre las implicaciones de esta decisión. Según su análisis, se trata de "una concesión política y judicial a la organización narcotraficante más poderosa del país, con consecuencias gravísimas para el Estado de derecho, la credibilidad internacional de Colombia y la integridad del proceso electoral que vive la Nación". Gaviria insistió en que desde el inicio advirtió los riesgos de negociar "sin condiciones claras, sin límites jurídicos y sin resultados verificables", pues esto "terminaría fortaleciendo a las estructuras armadas ilegales. Eso fue exactamente lo que ocurrió".

El panorama que describe Gaviria es desolador. Mientras el gobierno hablaba de paz, señaló, el Clan del Golfo expandió su control territorial en distintas regiones. Colombia, a su juicio, no recibió desmovilizaciones genuinas ni reducción de violencia, sino todo lo opuesto: más poder para los criminales y más incertidumbre para los ciudadanos. Este diagnóstico choca directamente con los objetivos proclamados de la administración Petro.

En el plano diplomático, Gaviria destacó una contradicción que le parece grave. Hace apenas unos meses, recordó, el propio Petro presentó a "Chiquito Malo" ante las autoridades estadounidenses como uno de los principales objetivos de captura del Estado colombiano. Hoy, ese mismo gobierno pide detener las medidas judiciales en su contra. "Esa contradicción no es menor. Compromete la credibilidad internacional de Colombia y envía un mensaje devastador: en el país los grandes capos terminan recibiendo más garantías que las víctimas", sentenció.

Gaviria también expresó preocupación por el momento en que se toman estas decisiones. A pocas semanas de las elecciones de 2026, la resolución establece movimientos y beneficios para estos cabecillas justo en la recta final del calendario electoral. Para el expresidente, esto "exige transparencia absoluta por parte del Gobierno". Los colombianos, añadió, tienen derecho a saber que ninguna estructura criminal tendrá capacidad de presión, influencia o intimidación sobre las regiones donde estos grupos ejercen control. "La democracia no puede quedar bajo la sombra de organizaciones armadas ilegales", puntualizó.

Finalmente, Gaviria se refirió al asesinato del periodista Mateo Pérez en el municipio de Briceño, Antioquia. Aunque las disidencias de alias "Calarcá" lo han negado, el crimen se les atribuye. El expresidente fue categórico: "rechazamos con absoluta contundencia el asesinato del joven periodista Mateo Pérez, presuntamente cometido por las disidencias de alias "Calarcá", otra de las estructuras criminales que hoy se fortalecen en medio de las ambigüedades y las concesiones de la llamada paz total". Sus críticas reflejan la profunda brecha que existe entre sectores políticos colombianos sobre cómo enfrentar el crimen organizado.