Lo que comenzó como un desacuerdo técnico sobre tasas de interés se ha convertido en una pulseada política que cuestiona las reglas institucionales del país. El choque entre el gobierno de Gustavo Petro y el Banco de la República ya no es solo un asunto económico, sino una señal de tensión mucho más profunda con la estructura del Estado.

El expresidente César Gaviria Trujillo encendió las alarmas sobre este conflicto. Durante una entrevista con Blu Radio, fue directo en su crítica: "El ministro de Hacienda incurre en un acto que es ilegal, además de inconveniente", señaló, extendiendo también la responsabilidad al presidente. Para Gaviria, el verdadero peligro no está en la oposición del Gobierno a los aumentos de tasa, sino en algo más profundo. El Ejecutivo está proponiendo cambios constitucionales que debilitarían los poderes de la entidad, una amenaza que ya había aparecido en el borrador de Asamblea Constituyente que impulsa el Gobierno.

Gaviria fue aún más enfático sobre hacia dónde apunta todo esto. "Hasta ahora lo que ha hecho (Petro) puede ser mal visto o ilegal, pero hacia donde se dirige es a pretender reemplazar las decisiones de la junta del banco por las de un grupo de amigos de él que va a reunir. Hay un abismo. En el momento en el que se salga de lo que ha dicho la Constitución, va a incurrir en un delito", explicó en Blu Radio. El episodio que desató todo fue la salida del ministro de Hacienda Germán Ávila de una sesión de la Junta Directiva en la que se aprobó un aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés.

El debate que hoy genera tensión es uno que Colombia creía haber superado hace más de tres décadas. En 1991, cuando se redactó la Constitución actual, el país diseñó un Banco de la República independiente justamente para evitar los excesos del pasado, cuando la política monetaria se usaba como herramienta electoral o fiscal, con costos enormes en inflación. La idea era simple pero fundamental: separar la política de las decisiones sobre dinero, tasas e inflación, para que ningún gobierno pudiera manipular la economía según sus urgencias del momento.

Lo que ocurre ahora, según Gaviria, va contra eso. "El presidente no puede reemplazar las decisiones del Banco con cartas o apoyos políticos. Eso no está por encima de la Constitución", advirtió. El enfrentamiento ya ha polarizado a la élite económica y política: más de 300 economistas, exministros y académicos firmaron una carta defendiendo la independencia de la entidad, mientras que sectores cercanos al Gobierno respondieron con otra misiva cuestionando al banco por actuar a favor de los "rentistas".

Pero hay algo más que inquieta a economistas e inversionistas. En tiempos de incertidumbre, la credibilidad institucional es uno de los activos más valiosos de un país, y la independencia del banco central es un pilar de esa credibilidad. Gaviria fue claro: "El presidente está contribuyendo a que el país pierda credibilidad internacional". Un detalle adicional que Gaviria subraya es que si el ministro de Hacienda deja de asistir a las sesiones de la Junta, podría ocasionar un bloqueo institucional sin precedentes. "La obligación es estar ahí. Es una figura clave. Sin él, se compromete el funcionamiento", insistió.