En los pueblos de El Pájaro, Mayapo y Mushichi, los pescadores indígenas se despiertan cada día sin saber bien qué hacer con una pregunta incómoda: cómo es que de repente, sin explicación alguna, van a tener un islote de metal flotando frente a sus costas. Nadie les ha contado qué ganará su gente con eso. Nadie les preguntó.

La gasificadora flotante que se instalará junto a la estación Ballenas vuelve a traer a la memoria una discusión que La Guajira conoce de sobra: cuando las grandes decisiones sobre el territorio se toman en escritorios bogotanos, ¿es eso desarrollo o es simplemente imponer?

En el papel, todo suena ordenado. La infraestructura importará hasta 250 millones de pies cúbicos diarios de gas y reforzará el suministro energético hacia el interior del país, conectándose con el sistema nacional de transporte. Desde el punto de vista técnico, responde a una necesidad real: garantizar la seguridad energética nacional. Pero eso es Bogotá hablando.

Aquí en La Guajira el asunto es diferente. La pregunta fundamental no es si el proyecto es necesario, sino si se está cumpliendo con algo tan básico como la Consulta Previa con las comunidades wayuú. No estamos ante un tecnicismo jurídico. La Constitución protege claramente la participación de los pueblos indígenas cuando una obra puede impactar su territorio, su cultura, sus dinámicas sociales o su relación con el mar. Una gasificadora frente a las costas hace todas esas cosas.

Esto no es oposición al progreso. Es un reclamo por respeto. Durante décadas La Guajira ha entregado carbón, gas, sal, viento y sol al país. Lo mínimo que merece es ser escuchada antes de que nuevas infraestructuras se impongan en sus aguas. Pero hay algo más que duele: la experiencia. El Cerrejón generó millonarias ganancias, pero también dejó brechas sociales profundas. Hoy muchas comunidades siguen sin agua potable, sin energía constante, sin vías decentes. Las promesas de progreso ya no se creen fácilmente.

Una reunión tripartita reciente en Riohacha abrió una puerta interesante. El diálogo institucionalizado entre Estado, empresas y comunidades busca precisamente conseguir que proyectos energéticos avancen pero con participación real y reglas claras. Desde ese escenario se ha insistido en algo fundamental: la transición energética debe construirse con justicia territorial y con todos los actores sentados en la mesa.

La gasificadora de Ballenas puede ser el momento de cambiar la historia. Si La Guajira va a seguir siendo el epicentro energético de Colombia, tiene que recibir compensaciones reales: empleos calificados para gente de acá, inversión social que se pueda verificar, servicios públicos fortalecidos y, sobre todo, participación efectiva del pueblo wayuú en las decisiones. Porque un desarrollo que no consulta, que no dialoga y que no compensa, termina viéndose demasiado parecido al despojo.