La relación entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional se calienta por la crisis de los indígenas embera en la ciudad. El alcalde Carlos Fernando Galán lanzó un reclamo directo al Ejecutivo para que cumpla los compromisos que ha adquirido, mientras que desde la Unidad para las Víctimas responden con cifras que, según ellos, demuestran avances en el regreso de estas comunidades a sus territorios.

En un video compartido en redes sociales, Galán fue contundente: "Bogotá ya cumplió y no está en capacidad de volver a atender a quienes ya recibieron un apoyo del Distrito. Es momento de que el Gobierno Nacional honre sus compromisos". El mandatario señaló que alrededor de 176 hogares ya recibieron siete giros de ingreso mínimo garantizado, además de seguimiento institucional y visitas a los territorios donde están retornando. Pero no se quedó solo en eso: cuestionó los retrasos del Gobierno en vivienda, salud, educación e infraestructura para estas poblaciones.

Lo que más molesta a Galán es que este proceso debía tomar apenas dos meses. Ya van casi 18 meses y todavía hay familias embera viviendo en albergues del Distrito. Es un punto de quiebre claro: la ciudad dice que hizo su tarea, pero el Gobierno Nacional estaría dejando sola a esta población en aspectos fundamentales.

Desde la Unidad para las Víctimas, sin dirigirse directamente al alcalde, defienden la gestión del Gobierno. Aseguran que durante 2025 lograron el retorno de más de 670 hogares, lo que representa cerca de 1.700 personas. Según ellos, es el mayor operativo de este tipo en la última década. La inversión fue cercana a 3.300 millones de pesos, distribuida en transporte, alimentación, kits de higiene, alojamiento y dinero para que las familias puedan sostenerse en sus territorios.

La entidad también menciona que entregaron 649 kits para mejorar las viviendas y ayudas por más de 2,4 millones de pesos por familia. Todo esto, dicen, con acompañamiento institucional en coordinación con las autoridades locales y las propias organizaciones indígenas. Además, adelantan nuevos planes de retorno y preparan más apoyos para 2026, buscando que las familias se queden en sus lugares de origen y no vuelvan a desplazarse.

El pulso entre Bogotá y el Gobierno Nacional pone en el medio a quienes más sufren: las comunidades embera que siguen esperando soluciones definitivas mientras pelotean entre instituciones.