El director del Nuevo Liberalismo sacó pecho en Washington con un anuncio que ha reavivado la polémica sobre la salud en el país. Juan Manuel Galán presentó una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusando al presidente Gustavo Petro, a la ahora senadora electa Carolina Corcho y al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo de responsabilidad en la crisis sanitaria que atraviesa Colombia. Galán argumenta que "las decisiones adoptadas por el gobierno Petro frente al sistema de salud han provocado un grave deterioro en la prestación de los servicios médicos en Colombia, afectando especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas y de alto costo, así como a miles de ciudadanos que hoy claman por una atención digna y oportuna en todo el país".

El líder político se apoyó en casos que han tocado el corazón de los colombianos para respaldar su denuncia. El más emblemático es el de Kevin Arley Acosta, el niño de siete años que padecía hemofilia A severa y murió por no recibir los medicamentos que necesitaba. Lo que indignó aún más fue que, en lugar de asumir responsabilidades, Petro y Jaramillo le echaron la culpa a la madre del pequeño, argumentando que había muerto por montar en bicicleta. Galán enfatizó que "en muchas regiones, acceder a un medicamento, una cita médica o un tratamiento especializado se ha convertido prácticamente en un privilegio y no en un derecho fundamental". Desde la capital estadounidense, sentenció: "No más colombianos muertos por la indolencia del Gobierno. He radicado ante la CIDH una solicitud de medida cautelar por la grave crisis del sistema de salud en Colombia. Esta situación ha derivado en la muerte de miles de pacientes y en el deterioro progresivo de la atención médica en el país".

Pero los expertos levantan las cejas ante este movimiento. El abogado y profesor Sebastián Escobar Uribe, doctorando en Derecho, explicó que una medida cautelar se presenta "frente a una situación grave y un daño irreparable (...) Normalmente proceden por el riesgo de afectación de derechos civiles y políticos (como la vida) cuya afectación puede tener consecuencias graves. Dado que la salud puede ser un medio para preservar la vida, existen casos en donde ha procedido". Sin embargo, Escobar Uribe cuestionó la intención detrás de la acción legal.

El profesor señaló que "la acción jurídica cautelar parece ser una estrategia política del excandidato en medio del contexto electoral que pretende, valiéndose de un caso trágico y triste de la muerte del menor (Kevin Acosta), juzgar en abstracto la responsabilidad del Estado, sin determinar concretamente cuales son las personas beneficiarias y destinatarias de la medida". Su conclusión fue tajante: "en tales condiciones de abstracción lo más probable es que la solicitud no prospere".

Para el experto, la CIDH no es el lugar indicado para discutir estas cuestiones. "La CIDH no es un foro adecuado para cuestionar en abstracto políticas públicas, sino para establecer por medio del análisis de casos concretos y específicos si hay situaciones de riesgo concreto que por su gravedad y urgencia requieren medidas cautelares o si fueron violados derechos humanos consagrados en la Convención Americana", explicó. Además advirtió que incluso si la medida fuera aceptada, el trámite podría tardar años debido al atraso procesal que enfrenta la comisión interamericana, lo que lo llevaría a considerar que "el excandidato podría estar instrumentalizando a la CIDH con fines puramente electorales".