La tensión entre encuestadoras y reguladores electorales llegó a un punto crítico en Colombia. GAD3, importante firma de investigación de mercado española, anunció que deja de publicar encuestas electorales en el país por los nuevos requisitos que impuso el Consejo Nacional Electoral. En su comunicado, la empresa señaló que "la decisión es consecuencia de la interpretación realizada por la Comisión Técnica de la nueva normativa, que hace inviable la realización de investigaciones sociales con las garantías mínimas de rigor y viabilidad operativa".

El desacuerdo de fondo es sobre cómo hacer las encuestas. GAD3 reclama que la Comisión Técnica solo acepta encuestas cara a cara en los hogares, cuando la realidad colombiana muestra algo distinto. La firma sostiene que "en contextos como el colombiano —donde persisten condicionantes de seguridad que incluso obligan a cerrar las urnas a las 16:00—, los ciudadanos responden con mayor libertad a entrevistas telefónicas que presenciales". Es decir, en regiones con problemas de orden público, la gente habla más abiertamente por teléfono que cuando un encuestador toca a su puerta.

Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral, reconoce la importancia del asunto. Explicó que la Comisión de Encuestas nace de la ley 2494, que ordenó crear un equipo de cinco expertos de universidades con programas acreditados en estadística. "En el país solamente hay tres", aclaró respecto a las instituciones que podían participar. Este grupo tiene la función de auditar y revisar las encuestas acreditadas, pero Quiroz subrayó algo importante: "La comisión tiene un carácter asesor. Es un órgano asesor que entregará insumos al Consejo Nacional Electoral". Quiere decir que la comisión no decide, solo asesora.

Quien toma las decisiones es la sala plena del organismo electoral, conformada por magistrados. Por eso Quiroz anunció que el tema será evaluado en sesión oficial y se convocará a la comisión de encuestas para escuchar sus argumentos antes de definir una posición. "Lo que está aquí en juego es la democracia del país, la información de las personas", dijo el funcionario, reconociendo lo que está en riesgo: que los colombianos tengan acceso a información clara sobre preferencias electorales.

Quiroz también envió un mensaje a las encuestadoras, reiterando que buscan "darle plenas garantías a todas las encuestadoras". Reconoció que el conflicto en el país es real y que entienden la importancia de que los ciudadanos estén informados para las próximas elecciones. Sin embargo, evitó adelantar una posición clara, argumentando que primero debe analizarse el caso formalmente en la sala plena. "Hasta que no lo analicemos en sala tendremos que tener un pronunciamiento", concluyó.