La tarde de un acto político convocado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el sector Alto del Rosario de Honda (Tolima) quedará marcada por la captura de una funcionaria activa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Mónica Fernanda Joven Urbano, de 30 años, fue aprehendida en flagrancia por portar una pistola sin permiso legal. Según la Policía del Tolima, el arma era calibre 25 milímetros y venía acompañada de un cargador y cinco cartuchos.

La detención llevó a que la Fiscalía iniciara proceso contra Joven Urbano por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Un juez deberá decidir en las próximas horas si es enviada a prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones para establecer con precisión qué ocurrió.

Joven Urbano ingresó al Inpec el 3 de noviembre de 2017 y fue inscrita formalmente en la carrera penitenciaria en marzo de 2019. Su trabajo como dragoneante grado 411411 la situaba en el establecimiento penitenciario La Esperanza de Guaduas, en Cundinamarca, donde están recluidas 2.644 personas. Sus funciones incluían control de pabellones, custodia de internos, requisas y traslados. El instituto confirmó que en el momento de su captura se encontraba en periodo de vacaciones.

La funcionaria cuenta con fuero sindical al estar afiliada a la Asociación Sindical de Empleados del Inpec. Sin embargo, la entidad anunció la apertura de investigaciones administrativas y disciplinarias para establecer su situación interna. El Inpec señaló que busca determinar qué pasó sin que el caso generalice respecto al actuar de miles de funcionarios que cumplen su labor en el sistema penitenciario.

Johan Eduardo Pardo, líder de la Organización de Servidores Penitenciarios (OSP), fue directo al señalar que el hecho "reviste gravedad, pues los funcionarios públicos tienen prohibido realizar proselitismo político, incluso si se encuentran en vacaciones". Agregó que aún está en proceso de definición la reglamentación sobre el porte de armas para personal del Inpec, trámite que adelantan la Presidencia de la República e Indumil.

Los registros en el portal de la Rama Judicial no muestran otros procesos penales contra Joven Urbano ni antecedentes disciplinarios de relevancia. Tampoco aparece como contratista del Estado. El caso ahora está en manos de la justicia para esclarecer las circunstancias de su presencia armada en el evento político.