Funcionaria de Santa Marta denuncia presunta participación política de servidores públicos ante la Procuraduría

Sarita Vives, secretaria de Movilidad de Santa Marta, radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría por la presunta participación de funcionarios y contratistas de la Gobernación del Magdalena en una caravana política del candidato Iván Cepeda realizada el 30 de mayo. La denuncia también menciona presuntas presiones sobre continuidad de contratos para incentivar participación en campañas. La queja fue remitida igualmente a Fiscalía, la Misión de Observación Electoral y la Registraduría.
En Santa Marta se encendió la alerta sobre posibles irregularidades en la participación de funcionarios públicos en actividades de campaña. Sarita Vives, quien ocupa la secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible de la ciudad, decidió denunciar ante organismos de control lo que considera comportamientos inapropiados de servidores públicos durante la carrera electoral presidencial.
A través de sus redes sociales, Vives informó que presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación. Según el documento radicado, los hechos habrían ocurrido el 30 de mayo de 2026, cuando se realizó una caravana política en Santa Marta a favor del entonces candidato presidencial Iván Cepeda. La denunciante señala que en esa actividad habrían participado funcionarios y contratistas vinculados a la Gobernación del Magdalena.
Pero la preocupación de Vives va más allá. También incluyó en su denuncia señalamientos sobre presuntas presiones relacionadas con la continuidad de contratos, que según su criterio fueron utilizadas para incentivar la participación de estos servidores en actividades de campaña. Para que el asunto sea investigado desde diferentes ángulos, la funcionaria remitió copias de la queja a la Fiscalía General de la Nación, la Misión de Observación Electoral y la Comisión de Seguimiento Electoral de la Registraduría Nacional.
En sus declaraciones públicas, Vives fue enfática al señalar que "la lucha contra la participación indebida en política no puede depender de afinidades ideológicas ni de conveniencias políticas". Con esta afirmación, la secretaria hace un llamado a que las autoridades de control actúen con imparcialidad en la investigación de estos hechos.
Hasta ahora, las personas mencionadas en el documento radicado no se han pronunciado públicamente al respecto. La queja solicita que los organismos competentes verifiquen si realmente existió participación indebida de servidores públicos en actividades proselitistas y determinen si se configuraron posibles faltas disciplinarias o conductas sancionables.
Fuente original: El Informador


