En el Congreso explotó la polémica después de que Sandra Ramírez, senadora del partido Comunes y exintegrante de las Farc, fuera elegida vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Lo que algunos ven como un paso en la reincorporación política de excombatientes, la oposición lo cataloga como un insulto a quienes sufrieron bajo el dominio de la guerrilla. La razón principal del rechazo: miembros de las Farc han ocupado curules en el Congreso durante años sin cumplir una sola condena y sin haber reparado completamente a las víctimas.

La elección fue aprobada con apoyo de la mayoría de integrantes de la Comisión, aunque no fue exactamente por unanimidad como Ramírez afirmó. La senadora Paloma Valencia, de la oposición, no estuvo presente porque tenía permiso para asistir a un evento académico. Entre quienes sí respaldaron a Ramírez están legisladores cercanos al Gobierno y miembros del Pacto Histórico. La ex vicepresidenta de la Comisión, Sonia Bernal, renunció a su curul para permitir el regreso de Alexánder López.

Desde la oposición llueven las críticas. La senadora Paola Holguín fue contundente: "no para la burla del acuerdo de La Habana. Responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad han estado durante dos periodos en el Congreso sin pagar un solo día de cárcel. No han reparado a las víctimas. No devolvieron los bienes ni la información sobre todos los menores reclutados, los desaparecidos, los secuestrados. Y ahora, Sandra Ramírez, quien ha pertenecido a esa estructura narcotraficante y terrorista nombrada vicepresidente de la Comisión".

El representante electo Óscar Villamizar del Centro Democrático fue aún más directo, describiendo el nombramiento como "una bofetada nuevamente a las víctimas del conflicto armado". Villamizar hizo referencia específica a menores reclutados por la guerrilla que sufrieron abuso, acusando que Ramírez habría participado en la selección de estas víctimas. Por su parte, Katherine Miranda cuestionó la coherencia de tener a alguien de esas características en una comisión de derechos humanos: "Volvemos a una discusión de fondo de la coherencia en materia de derechos humanos. Hablamos de una organización que ha reconocido el reclutamiento de miles de menores y graves violaciones contra ellos y cuyas víctimas siguen esperando verdad, reparación y garantías de no repetición y no puede haber cargos de representación en derechos humanos sin compromisos claros con las víctimas. Colombia necesita justicia, no símbolos que las re-victimicen", aseguró.

Desde el gobierno y Comunes defienden la designación argumentando que Ramírez tiene derechos políticos plenos como cualquier ciudadano que se sometió al acuerdo de paz. El senador Alexánder López señaló que quienes se someten a procesos de paz y cumplen con la sociedad tienen derecho a participar en la política. Su compañero de bancada Carlos Antonio Lozada fue más allá, diciendo que el espíritu mismo del acuerdo es permitir la reincorporación política, económica y social de quienes dejaron las armas. Para Lozada, la polémica obedece más a sectores que siempre se han opuesto a la paz que a un problema real con la capacidad de Ramírez para el cargo.