La revocatoria contra el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán quedó en el camino. El comité que impulsaba esta iniciativa no llegó a tiempo para entregar las firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, dejando que se venciera el plazo el viernes 24 de abril. Lo que hace algunos días se anunciaba como una entrega con supuestamente más de 500.000 ciudadanos respaldándola, terminó siendo un fracaso administrativo que ni siquiera permitió radicar oficialmente el proceso.

El impulsor de esta iniciativa fue el concejal Jairo Avellaneda, pero desde el principio estuvo solo en esta tarea. Según fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, "es el único concejal que se montó en eso, ningún otro concejal del Pacto ni siquiera se montaron". El apoyo político se fue diluyendo semana tras semana. Incluso concejales que lo acompañaban al principio, como Julián Forero, eventualmente lo dejaron abandonado. Hace un mes y medio Avellaneda apenas contaba con alrededor de 35 mil firmas, y no logró conseguir más. Tanto fue el desánimo que el mismo Avellaneda filtró un video hace aproximadamente 20 días expresando que "lo habían dejado solo".

Recién en la última semana, cuando ya se acercaba el vencimiento del plazo, se reactivó la recolección de firmas. Sin embargo, llegaron demasiado tarde a la Registraduría. Como señaló la fuente: "Llegó a la Registraduría tarde y entonces no pudo radicar nada. Nadie sabe si tenía una sola firma realmente, porque no radicó nada".

Los argumentos tras esta revocatoria no eran nuevos. El concejal Avellaneda planteaba que la inseguridad en Bogotá "desbordó la capacidad institucional", citando el constante azote de hurtos, extorsiones y secuestros. De hecho, según datos de Bogotá Cómo Vamos, el 62% de los ciudadanos manifiesta sentirse inseguro en la ciudad. A esto se sumaba la ineficiencia en el manejo de residuos sólidos, con problemas sanitarios por roedores en varios sectores, y el caos en la movilidad agravado por obras como la demolición de puentes en Puente Aranda que, según denunciaban los promotores, profundizó los embotellamientos en Kennedy y Bosa.

Los organizadores también denunciaron que enfrentaron obstáculos para concretar el proceso. Avellaneda señaló que "ninguna entidad financiera quiso abrir la cuenta exigida para el comité y además recibimos mensajes intimidantes y situaciones que ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación". A pesar de estas denuncias, los problemas administrativos y la falta de apoyo político terminaron siendo los verdaderos enemigos de esta iniciativa.