En la Casa de la Cultura de Fonseca se reunieron más de 30 representantes de instituciones públicas para instalar el segundo Consejo Municipal de Política Social. El ICBF, el SENA, la Personería y las Juntas de Acción Comunal llegaron convocados por el alcalde Micher Pérez con una misión clara: ajustar las estrategias para proteger a las familias y los sectores más necesitados del municipio.

Lo que salió en la mesa de trabajo no fue reconfortante. Sí hubo avances en cobertura escolar y vacunación durante el primer semestre, pero el análisis también sacó a la luz problemas serios: desnutrición en las veredas, aumento de personas desplazadas y prácticamente nada de empleo para los jóvenes. Ante esto, los equipos técnicos no se quedaron en el lamento. Propusieron un plan de acción que incluye repartir complementos nutricionales, crear una bolsa de empleo comunitaria y llevar jornadas móviles de salud mental a los barrios.

El alcalde fue directo en su mensaje: "no basta con diagnosticar, hay que ejecutar con el corazón y con la ley". Así que sin rodeos, ordenó a las secretarías firmar convenios con el SENA para ofrecer cursos técnicos en electricidad y confecciones. El propósito es claro: evitar que los adolescentes terminen en redes de explotación. Además, crearon una subcomisión especial para seguirle el pulso a los adultos mayores, coordinando con Colpensiones para agilizar subsidios y hacer ferias de servicios en los barrios periféricos.

Las personas con discapacidad también quedaron en la agenda. Se acordó adaptar las oficinas públicas para que sean accesibles, entrenar a los funcionarios en lenguaje de señas y conseguir ayudas técnicas como sillas de ruedas y bastones. Todo esto será entregado casa a casa con base en un censo que comienza en los próximos quince días.

Para la niñez extendieron el horario en los hogares comunitarios e implementaron escuelas deportivas pensadas en alejar a los menores de las drogas y el ocio. Con los jóvenes, pactaron charlas sobre prevención del embarazo adolescente y proyectos productivos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Las organizaciones de víctimas también participaron y lograron incluir una ruta prioritaria de atención psicosocial.

Fonseca también se comprometió a actualizar el mapa de riesgos sociales y firmó un pacto por la transparencia en cómo gasta estos recursos. El próximo consejo ya está programado para verificar que estas metas se cumplan antes de que termine el año fiscal. Es la apuesta del municipio por ser participativo y cerrar las brechas que durante años han dejado atrás a sus comunidades más vulnerables.