Desde hace años, la justicia colombiana ha enfrentado decisiones polémicas que generan más preguntas que respuestas. Desde el 2017, según muchos observadores, se tejieron interpretaciones jurídicas que respondieron más a intereses políticos que a claridad legal. Hoy, Fonseca es víctima de esta realidad: dos procesos electorales fallidos y un pueblo confundido sobre quién tiene derecho a gobernarlos.

El drama de Fonseca no es simplemente político. Es fundamentalmente un asunto de interpretación de normas que expone las grietas de nuestro sistema judicial. De un lado están quienes argumentan que cuando se anula una elección, esa anulación borra también el acto electoral como si nunca hubiera sucedido. Bajo esta lógica, el exalcalde Micher Pérez nunca habría consolidado un periodo válido y podría volver a aspirar sin violar la prohibición de reelección inmediata. Del otro lado está quienes sostienen que aunque la elección sea nula formalmente, Pérez ejerció de facto funciones públicas durante un tiempo, lo que activaría las restricciones diseñadas para evitar que alguien se perpetúe en el poder. Dos interpretaciones, ambas con peso legal, chocando frontalmente.

El asunto se complica más cuando consideramos que en Colombia las causales de inhabilidad están expresamente consagradas en la ley. No pueden aplicarse por analogía o por una interpretación creativa: o está escrito así o no se puede. La pregunta entonces es tajante: existe o no existe una norma clara que prohíba a Pérez ser candidato en estas circunstancias específicas. Sin esta claridad, la justicia estaría inventando normas sobre la marcha.

Lo que realmente preocupa a los ciudadanos de Fonseca es la incertidumbre. Tienen derecho a saber, con certeza, quiénes pueden o no competir por gobernarlos. Cuando la justicia no responde con firmeza, cuando cada fallo genera más dudas, la confianza en el Estado de derecho se erosiona. Ya han soportado dos elecciones nulas. No pueden permitirse una tercera mientras esperan respuestas contradictorias de los magistrados.

Para cerrar este capítulo, Fonseca necesita que sus autoridades competentes actúen rápido pero con profundidad. No basta una decisión técnica: hace falta una respuesta pedagógica, clara, que le explique al pueblo cuál es la regla y por qué se aplica de esa manera. La legitimidad de cualquier proceso electoral depende de esto. Sin certeza jurídica, la democracia local se tambalea, y los fonsecanos tienen derecho a algo mejor que vivir al vaivén de interpretaciones que cambian según el magistrado que las dicte.