Fonseca vive una pesadilla institucional que parecía imposible de que ocurriera en la práctica. El domingo pasado, durante unas elecciones atípicas para elegir alcalde, sucedió algo que los libros de derecho reconocen como posible pero que en la realidad se cuela como una grieta en el piso: ganó en votos alguien que legalmente no podía ser candidato.

El Consejo Nacional Electoral había revocado la inscripción de Micher Pérez antes de las elecciones. Sin embargo, su nombre seguía en el tarjetón porque las papeletas ya estaban impresas. Cuando los ciudadanos fueron a votar el domingo, lo encontraron ahí, en la boleta electoral. Miles decidieron marcar su nombre. Y ganó con la mayoría de los sufragios. Pero aquí está el nudo: sin inscripción válida ante el CNE, ¿puede ser alcalde alguien que técnicamente nunca fue un candidato legal?

Ahora la Comisión Escrutadora Municipal debe tomar una decisión que define el futuro del municipio. En términos jurídicos, la respuesta parece clara: quien no tiene inscripción válida no es candidato, y los votos para alguien que no es candidato, aunque suene duro, son votos sin efecto legal. "En derecho, la voluntad popular no puede ser utilizada como un instrumento para validar la ilegalidad", plantea el análisis.

Lo que pasó tiene precedentes en la ley. Para que alguien sea candidato legítimamente debe estar inscrito ante la autoridad electoral. Sin esa inscripción, la candidatura simplemente no existe ante los ojos de la ley. El tarjetón pudo haber causado confusión en los electores, que votaron de buena fe, creyendo que no había ningún problema. Pero la buena fe de los votantes no puede convertir en legal algo que la justicia ya declaró ilegal.

El dilema es incómodo, lo sé. Muchos ciudadanos de Fonseca votaron en serio por Micher Pérez, pensando que todo estaba en orden. Sin embargo, sobre este proceso pesa una sentencia de nulidad del Consejo de Estado y la revocatoria del CNE. Esos actos administrativos tienen "plena presunción de legalidad", lo que significa que la ley los protege con todo su peso.

Fonseca ya ha vivido ciclos de interinidades y gobiernos cuestionados. El municipio necesita desesperadamente una alcaldía legítima que no esté constantemente en riesgo de ser removida por los estrados judicales. Ignorar las decisiones judiciales en nombre de la "voluntad popular" puede parecer democrático en la superficie, pero en la práctica es un camino que solo lleva al caos.