Desde hace varios meses, Fonseca está sumida en una incertidumbre política que casi parece sacada de una novela de suspenso. El 3 de mayo pasado, el municipio vivió una elección para alcalde que dejó más preguntas que respuestas. La Comisión Escrutadora Municipal no sabe bien qué hacer, la Comisión Departamental guarda silencio, y mientras tanto, la administración municipal marcha a medio vapor, con un vacío de autoridad que nadie sabe cómo llenar. Todo esto pone en evidencia lo frágil que puede ser el sistema electoral cuando las cosas se salen de lo normal.

El problema tiene raíces profundas. Años atrás, el Consejo de Estado anuló la elección anterior del candidato que ahora ganó. Además, el Consejo Nacional Electoral le revocó su inscripción para estos comicios. Dicho de otra forma: legalmente, este candidato no debería haber estado en la papeleta. El exalcalde José Manuel Moscote lo había advertido antes de la elección, pero sus advertencias fueron vistas como simples ataques de campaña. La realidad, sin embargo, le dio la razón a quien alertó sobre lo que venía.

Aquí está el quid del asunto: en derecho electoral, ganar votos es una cosa, pero tener los papeles en orden es otra completamente diferente. Una candidatura necesita estar inscrita legalmente para que los votos a su favor tengan validez jurídica. Lo que pasó en Fonseca fue que el nombre del candidato aparecía en la papeleta por un simple asunto logístico (ya estaban impresas antes de que se revocara su inscripción), no porque tuviera permiso legal para estar ahí. En un Estado de Derecho, eso importa mucho.

La confusión se ha hecho más grande por culpa de los juzgados locales. El Tribunal Administrativo de La Guajira ha dictado providencias intentando validar los escrutinios, pero eso creó más enredos que soluciones. Algunos jueces han fallado de maneras contradictorias, y esto ha profundizado la inseguridad jurídica. El problema es que estos tribunales no tienen competencia para resolver un asunto que, por ley, debe decidirlo el Consejo Nacional Electoral. Lo que se discute no es si la elección se realizó, sino si los votos depositados a favor de alguien que no tenía capacidad legal de ser candidato realmente cuentan.

La ciudad necesita que alguien tome una decisión clara y definitiva. El Consejo Nacional Electoral debe actuar con urgencia para establecer reglas de juego claras y poner fin a este estado de indefinición que está paralizando la administración municipal. Un alcalde que gobierna bajo la sombra de la duda no puede ejercer su cargo con solidez. La legitimidad de un mandatario no solo viene de las urnas, sino de cumplir con todos los requisitos legales que lo habilitan para el cargo.

Fonseca merece estabilidad institucional. Mientras el municipio siga atrapado en este laberinto de tutelas, recursos y decisiones contradictorias, los ciudadanos son quienes pagan los platos rotos. Una gobernanza sólida exige que se respeten las reglas, aunque eso signifique reconocer que algo salió mal en el proceso. Solo así será posible superar esta profunda crisis política que tiene al municipio en vilo.