Las principales administradoras de fondos de pensiones encendieron las alarmas contra el Decreto 0369, que restringe sus inversiones en el extranjero. Asofondos, la asociación que agrupa a estas entidades, ya evalúa presentar demandas judiciales para detener la medida, considerando que viola un principio básico para el manejo responsable del dinero de los trabajadores: la diversificación.

Aquí va lo que significa esto en términos reales para su bolsillo. Cuando usted aporta a un fondo de pensiones, ese dinero no se invierte únicamente en Colombia. Las administradoras lo distribuyen en diferentes países y tipos de activos para reducir riesgos y buscar mejores retornos. Es como tener los ahorros en varios lugares en lugar de uno solo. El decreto busca obligar a invertir más dinero dentro del país, limitando esta dispersión internacional. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, fue claro al afirmar que "limitar las inversiones en el exterior va en contravía del deber fiduciario", recordando que su responsabilidad es garantizar el crecimiento del ahorro con seguridad y rentabilidad. Si se restringe la inversión internacional, menos dinero circula por mercados globales donde históricamente hay mayores ganancias. El resultado: rendimientos más bajos y, eventualmente, pensiones más magras cuando usted se retire.

El impacto se siente en varios frentes. Trabajadores que ya están cerca de pensionarse verían reducido el capital acumulado. Quienes aún están ahorrando enfrentarían dificultades para acumular el dinero suficiente para acceder a una renta vitalicia (el pago mensual de por vida que recibe después de jubilarse). Pero hay más: Asofondos advierte que esto también golpea las finanzas públicas. Aunque el decreto justifica la medida diciendo que busca "contribuir a la financiación de las necesidades de inversión del país", los ahorros pensionales tienen un destino constitucional específico: financiar pensiones, no proyectos de inversión nacional. Presionar estos fondos para que inviertan localmente genera un conflicto de intereses que puede deteriorar el sistema pensional en el mediano plazo.

Las administradoras tendrán que presentar en seis meses un plan para ajustarse al nuevo límite de inversión externa, obligándose a destinar las nuevas cotizaciones (los aportes que hacen mes a mes los empleados) únicamente a proyectos nacionales hasta alcanzar el nivel requerido. Aquí surge otra complicación: según el gremio, el país simplemente no tiene suficientes proyectos de inversión que reúnan los estándares de riesgo y retorno necesarios. No se trata de mala voluntad de los fondos para invertir en Colombia, sino de escasez de opciones confiables.

Asofondos también cuestiona si el decreto es legalmente válido. Sus equipos jurídicos analizan posibles inconsistencias con la Ley 100 y otras normas del sistema pensional, y no descartan llegar hasta la Corte Constitucional. Mientras tanto, la Contraloría General ya ha advertido que medidas que reducen la diversificación de carteras derivan en menores rendimientos y mayores presiones sobre la sostenibilidad del sistema pensional. En otras palabras: hoy restringe las inversiones, mañana hay menos dinero para pagar pensiones.