El Gobierno Nacional acaba de emitir el Decreto 0369, y ha causado fricción con las administradoras de fondos de pensiones (AFP). El problema de fondo es simple: la norma busca obligar a que más dinero de las pensiones se invierta dentro de Colombia, pero las AFP advieren que esto perjudicará directamente el bolsillo de los jubilados.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, explicó lo que está en juego. "Limitar las inversiones en el exterior va en contravía del deber fiduciario que por ley tienen las administradoras Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia frente a los trabajadores", dijo. En otras palabras: la ley obliga a estas empresas a cuidar y hacer crecer el dinero de los afiliados de la mejor manera posible. Si les prohíben invertir en otros países, tendrán menos opciones para obtener buenas ganancias.

¿Qué significa esto en la práctica? Cuando menos ganancias genera el dinero que usted aportó durante su vida laboral, su pensión final será más baja. Según Asofondos, trabajadores que hubieran podido alcanzar una pensión decente terminarán con jubilaciones menores, y otros ni siquiera lograrán reunir el capital suficiente para acceder a una renta vitalicia.

Las AFP argumentan que el diagnóstico detrás del decreto es equivocado. No es que ellas no quieran invertir en Colombia, sino que no hay suficientes proyectos seguros y rentables disponibles dentro del país. Velasco señaló que el Gobierno mismo genera parte del problema: sus altas tasas de interés (que resultan de la crisis fiscal) hacen que invertir en bonos del Estado sea muy atractivo, dejando poco incentivo para financiar otros proyectos. Además, hay escasez de iniciativas bien estructuradas que cumplan con los estándares de seguridad que exige la ley para los fondos de pensiones.

Las administradoras están dispuestas a participar en un "banco de proyectos" como el que plantea el decreto, pero solo si los proyectos ofrecen el nivel de seguridad y rentabilidad que la ley exige. Lo que rechazan es que el Estado les imponga un límite máximo sin importar si afecta a los afiliados. La Contraloría General de la República respalda esta preocupación: advirtió que limitar la diversificación de inversiones podría reducir rendimientos y presionar aún más las finanzas públicas.

Hay otro aspecto constitucional que las AFP subrayan. El artículo 48 de la Constitución dice que el ahorro pensional tiene una finalidad específica: financiar las pensiones de los trabajadores. El decreto, aunque busca financiar necesidades de inversión del país, cambia ese objetivo. Para las administradoras, eso viola el propósito fundamental del sistema.

Las AFP tienen seis meses para presentar un plan de ajuste ante la Superintendencia Financiera. Pero mientras tanto, sus equipos legales ya evalúan demandas contra el decreto. Velasco indicó que también solicitarán más claridad al Gobierno sobre cómo se implementará la norma. Las administradoras confirmaron que continúan considerando acciones judiciales para proteger el ahorro de los trabajadores y garantizar que cumplan con su obligación legal de maximizar las pensiones futuras.