La muerte de Cristian Herrera en Cúcuta ha vuelto a exponer una realidad que la Fundación para la Libertad de Prensa ha estado denunciando sin ser escuchada. El periodista cayó acribillado en el barrio Quinta Oriental cuando un sicario le disparó al menos seis veces. Trabajaba como corresponsal en Norte de Santander y también desempeñaba funciones como comunicador social de la Alcaldía de Cúcuta. A pesar de que fue trasladado de urgencia a un centro médico, llegó sin signos vitales.

Sofía Jaramillo Otoya, directora ejecutiva de la FLIP, no tuvo que esforzarse mucho para conectar los puntos. La organización ha estado advirtiendo desde 2024 que Cúcuta es la ciudad "más peligrosa para ejercer el periodismo en Colombia". Entre 2024 y 2026 se han contabilizado 154 agresiones contra comunicadores en esa región, de las cuales 72 corresponden a amenazas directas. Con la muerte de Herrera se completan tres asesinatos de periodistas en menos de un año en Norte de Santander. Antes estaban los casos de Jaime Vázquez en 2024 y Jorge Méndez en Tibú.

Lo más preocupante es que no fue por sorpresa. Desde enero, la FLIP tenía conocimiento de advertencias sobre posibles asesinatos en la región. "Había una amenaza de que iban a asesinar a un periodista", señaló Jaramillo, y posteriormente se habló de tres posibles víctimas. Las alertas estaban ahí, documentadas, conocidas por las autoridades competentes.

Herrera contaba con un esquema de seguridad que incluía un vehículo blindado y dos escoltas, una medida que se supone debería protegerlo. Pero el día del atentado no estaba acompañado. Para la FLIP, eso es la prueba de que el esquema "no era suficiente en comparación con el riesgo" que enfrentaba. Jaramillo fue clara al señalar que la responsabilidad de la seguridad no puede quedar en manos de los periodistas y que los esquemas deben ajustarse de verdad a las condiciones de peligro en cada territorio.

La directora de la FLIP ha pedido reforzar urgentemente los mecanismos de protección para todos los comunicadores en la región, tanto para quienes ya tienen esquemas como para quienes siguen desprotegidos. Insiste en que se debe "hacer todo lo necesario para protegerles" y permitir que puedan ejercer su profesión sin tener que temer por sus vidas. La pregunta incómoda que queda en el aire es por qué estas advertencias no fueron suficientes para evitar esta tragedia.