La Fábrica de Licores de Antioquia salió al paso de las acusaciones de la Superintendencia Nacional de Salud con un comunicado contundente emitido el 30 de junio. La empresa antioqueña rechazó categóricamente los señalamientos que la autoridad sanitaria había hecho sobre impedimentos en una auditoría y negativa a entregar información.

Según la FLA, las afirmaciones de la Supersalud "desconocen la realidad del proceso". La licorera insistió en que ha atendido todas las solicitudes de manera "diligente y respetuosa", manteniendo colaboración total con los organismos de control. "En ningún momento se ha negado la entrega de información requerida", enfatizó la organización.

El conflicto escaló cuando la FLA radicó una recusación formal, un mecanismo legal que activó argumentando irregularidades en cómo se está desarrollando la auditoría. Con esta acción, la empresa busca garantizar que el proceso sea imparcial, transparente y que se respete el debido proceso administrativo.

El verdadero punto de quiebre está en qué tipo de información solicita la Supersalud. La FLA considera que la autoridad sanitaria le está pidiendo documentación que está completamente fuera de su competencia. Entre los requerimientos que la empresa considera excesivos están datos sobre aspectos contractuales, financieros y confidenciales, certificaciones de cuentas bancarias, actas de juntas directivas y registros de litigios en curso.

Desde la perspectiva de la licorera, una auditoría de salud no debería incluir este tipo de información sobre gobierno corporativo. La empresa reitera su disposición a ser vigilada dentro de los marcos legales, pero sostiene que es necesario poner límites institucionales cuando las solicitudes superan el alcance técnico y misional de quien audita.

En las redes sociales, algunos críticos han planteado la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas políticas, sugiriendo motivaciones más allá de lo estrictamente sanitario en esta confrontación entre la entidad estatal y la empresa antioqueña.