La tensión entre la Superintendencia Nacional de Salud y la Fábrica de Licores de Antioquia llegó a un punto crítico esta semana. La entidad de control aseguró que representantes de la FLA impidieron que continuara el martes pasado una auditoría que venía adelantando desde el 26 de junio, lo que obligó a la comisión auditora a dejar constancia escrita de la imposibilidad de proseguir. Todo esto ocurrió después de que el Ministerio de Salud rechazara una recusación que la FLA había presentado contra el superintendente nacional de Salud y el superintendente delegado para Entidades Territoriales.

Pero la empresa no se quedó callada. La Fábrica de Licores de Antioquia rechazó categóricamente los señalamientos y respondió que ha atendido la auditoría "de manera diligente y respetuosa", suministrando toda la información requerida. Según la FLA, ha mantenido "una actitud de total colaboración" con los organismos de control y en ningún momento se negó a entregar documentación. Sobre la recusación que presentó, la empresa la describió como "un mecanismo legítimo previsto en la ley" para garantizar imparcialidad, transparencia y debido proceso, y afirmó que recurrió a esta figura tras detectar irregularidades en el desarrollo de la diligencia.

Aquí está el quid del asunto: la FLA cuestionó si la Supersalud se excedió en el alcance de sus requerimientos. La empresa sostiene que parte de lo solicitado por la entidad de control salía del ámbito propio de la vigilancia en salud, al involucrar aspectos contractuales, financieros, confidenciales y de gobierno corporativo. Entre lo que cuestiona están los registros de litigios, certificaciones de cuentas bancarias, actas de juntas directivas, procesos judicales y conciliaciones.

Mientras tanto, persiste un vacío importante: ni la Supersalud ni la FLA han hecho públicos los documentos oficiales con el alcance exacto de la auditoría, ni el detalle de los requerimientos puntuales que se intercambiaron. Tampoco se conocen los motivos o hallazgos preliminares que habrían originado el proceso. La Supersalud insiste en que se trata de una diligencia rutinaria dentro de su Plan Anual de Auditorías 2026, que contempla 417 visitas a EPS, hospitales y otros actores del sistema. Pero la FLA sostiene que algunos de esos requerimientos no corresponden a una auditoría en salud, sino a información sensible de su operación.

Ese punto, no resuelto públicamente por ninguna de las dos partes, es hoy el centro de la disputa. Y mientras ambas se lanzan acusaciones, los colombianos siguen sin saber exactamente qué está pasando en esa auditoría ni cuál es el verdadero objeto de la inspección que la Supersalud adelanta.