La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia metió las manos en la justicia. La empresa acudió a una acción de tutela contra la Superintendencia Nacional de Salud porque considera que la auditoría que adelanta esa entidad se sale de sus competencias. Y es que, según sostiene la FLA, se trata de una empresa industrial y comercial que no maneja recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por lo que cuestiona que Supersalud tenga facultades para fiscalizarla de esa manera.

El conflicto se calentó cuando Daniel Quintero, superintendente de Salud, confirmó el 30 de junio una denuncia penal contra directivos de la FLA. Los acusa de presuntamente obstruir las labores de inspección, vigilancia y control que la Supersalud tenía programadas en la empresa. El 26 de junio, cuando la entidad se presentó en las instalaciones para reanudar la auditoría, los directivos se negaron a entregar la información solicitada, lo que motivó que Quintero llevara el caso ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

Todo comenzó el 22 de junio cuando Supersalud ordenó una auditoría pidiendo 77 documentos. La FLA reclama en su tutela que varios de esos requerimientos no guardan relación con el objeto de la auditoría e involucran "aspectos contractuales, financieros, confidenciales y de gobierno corporativo de la organización, como el registro de litigios, certificaciones de cuentas bancarias, actas de juntas directivas, procesos judiciales y conciliaciones". Además, el 24 de junio la empresa había presentado una recusación contra Quintero y Juan David Duque, alegando conflictos de intereses derivados de publicaciones en redes sociales, pero el Ministerio de Salud rechazó esa recusación el 25 de junio, considerando que no había fundamentos jurídicos para apartar al superintendente del proceso.

La FLA rechazó tajantemente los señalamientos y aseguró que "ha atendido de manera diligente y respetuosa la auditoría" y que "en ningún momento se ha negado la entrega de información requerida".

Lo que pasó con la FLA ha trascendido más allá de la empresa. La controversia llegó a Supersalud con auditorías posteriores al sistema de salud de Medellín y del departamento de Antioquia, generando un debate sobre la imparcialidad de la entidad y el alcance de sus labores de inspección. Incluso el gobernador Andrés Julián Rendón cuestionó estas acciones, y la Alcaldía de Medellín también presentó una recusación contra las actuaciones de Supersalud.