La Fábrica de Licores de Antioquia está envuelta en una disputa con la Superintendencia Nacional de Salud que va más allá de lo administrativo. El gerente Esteban Ramos Maya acusa directamente al superintendente Daniel Quintero de usar esta inspección como represalia política, vinculando el conflicto a tensiones previas en Medellín relacionadas con su hermano, el exconcejal Alfredo Ramos, quien ejerció control político durante la alcaldía de Quintero.

El punto de quiebre, según la licorera, es que la orden de visita fue firmada por Juan David Duque, actual funcionario de la Supersalud y exsecretario privado de Quintero. Duque fue destituido en 2023 por el Concejo de Medellín tras un escándalo por manejo de fondos fijos y cajas menores en la administración municipal. Para la FLA, esto no es casualidad.

Lo que más causa molestia en la empresa es el contenido mismo de la inspección. Mientras una auditoría habitual ronda los 17 requerimientos, la Superintendencia les notificó 77 peticiones. Pero aquí viene lo polémico: muchas de esas solicitudes piden documentos sobre figuras contables que la FLA simplemente no usa. "Nos están preguntando por temas que ni siquiera la FLA tiene. ¿Tarjetas de crédito? ¿Gastos de representación? ¿Caja menor? Son mecanismos inexistentes en la fábrica. Entonces, ¿qué pretenden? El que las hace cree que el resto del mundo las hace", sentenció Ramos a través de sus canales oficiales.

La defensa de la licorera sostiene que nunca bloquearon a los auditores, sino que cuestionaron peticiones que escapaban del marco de vigilancia del sector salud, incluyendo procesos judiciales internos y actas de juntas. Además, recordó que acababa de pasar una revisión de la Contraloría de Antioquia sin hallazgos negativos.

Del otro lado, Quintero anunció una denuncia ante la Fiscalía General acusando a la FLA de obstrucción a la función pública. Según el superintendente, sus funcionarios fueron bloqueados en las instalaciones el 26 de junio. Rechazó los señalamientos de venganza y explicó que el procedimiento responde a un cronograma técnico nacional que contempla más de 750 fiscalizaciones. También trasladó el expediente a la Procuraduría y a la Contraloría, sin descartar sanciones económicas por desacato.

La FLA aclaró que el bloqueo de información ocurrió solo mientras resolvían una recusación contra Quintero y Duque por falta de imparcialidad, que fue desestimada en 36 horas. Ahora prepara una acción de tutela con medidas cautelares. A pesar del litigio, la empresa garantizó el abastecimiento normal del mercado para la Feria de las Flores y el cierre del año.