En los pasillos de la Fiscalía describen la situación como una verdadera "olla a presión". El caso contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como 'Calarcá', crece cada día con más pruebas, pero la entidad acusadora se encuentra paralizada. Aunque tiene el expediente en su poder y documentación que apunta a nuevos delitos cometidos por el jefe disidente, no puede avanzar en las investigaciones. La razón es política y jurídica a la vez: Petro lo incluyó en la política de Paz total como representante en diálogos con el Estado, lo que significó suspender su orden de captura.

Para la Fiscalía, la situación es frustrante. Fuentes cercanas al proceso afirman que hay múltiples elementos que demuestran que 'Calarcá' ha cometido delitos después de recibir ese beneficio. Pero mientras mantenga su calidad de negociador, cualquier intento de actuación choca contra un muro institucional. La respuesta llegó a través de un documento oficial dirigido a la senadora Paloma Valencia, quien mediante un derecho de petición pidió explicaciones sobre por qué no ha sido capturado. Esa respuesta reflejó lo que los internos describen como resignación frente a un bloqueo jurídico.

El punto clave está en lo que llaman régimen de condicionalidad. Según la Sentencia C-525 de 2023, los beneficios como la suspensión de órdenes de captura dependen de que quienes los reciben cesen sus actividades delictivas. Si reinciden, esos beneficios deben revocarse de inmediato. El problema es que surgió un choque institucional sobre quién decide eso. En reuniones sostenidas entre enero y abril de 2026 con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, los ministerios de Justicia y Defensa y la Policía, la Fiscalía presentó sus hallazgos. Pero el 6 de abril, el comisionado de paz cambió de posición y argumentó que la Fiscalía no tiene competencia para reactivar órdenes de captura contra negociadores, sino que esa facultad recae exclusivamente en el presidente. La Defensoría del Pueblo respalda esa interpretación.

Ante este pulso jurídico, la Fiscalía decidió trasladar la responsabilidad al Ejecutivo. El 7 de abril solicitó formalmente al presidente la revocatoria del estatus de negociadores de cinco cabecillas, entre ellos 'Calarcá', Carlos Eduardo García Téllez, Jonathan Jair Narváez Quintero, Farby Édison Parra Parra y Javier Alonso Velosa García.

La gravedad es mayor de lo que parece. Según la Fiscalía, se trata de presuntos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos después de que estos individuos accedieron a los beneficios. Por ahora, el expediente sigue creciendo pero permanece congelado. La decisión final no está en manos de los fiscales sino en el despacho presidencial. Mientras eso no suceda, 'Calarcá' seguirá siendo para la justicia un objetivo identificado, pero intocable.