La Fiscalía General de la Nación acaba de suspender las órdenes de captura contra 23 cabecillas del crimen organizado en Medellín que están involucrados en las negociaciones de paz urbana que se adelantan en la cárcel de Itagüí. Fue por orden del Gobierno Nacional, tal como consta en la Resolución N.° 00072 del 27 de marzo de 2026, todo dentro de la estrategia de "paz total" que promueve el Ejecutivo.

Entre los beneficiados están los voceros que participan en el Espacio de Conversación Sociojurídico, que lleva funcionando desde junio de 2023. El objetivo de estas mesas es desmantelar estructuras armadas, transformar economías ilegales y bajar los niveles de violencia en la región metropolitana. La suspensión de capturas rige por seis meses, tiempo que se puede extender si el Gobierno lo solicita y si las negociaciones avanzan.

Siete de estos 23 cabecillas ya habían recuperado su libertad en los últimos dos años después de cumplir sus condenas. Algunos incluso se han ido del país por asuntos personales, lo que ha generado interrogantes sobre qué tan activo es su papel en estos procesos de diálogo.

El proceso de negociación ha sido controversial desde sus inicios. No tiene aún un marco legal aprobado por el Congreso, lo que alimenta debates sobre si realmente es legal lo que se está haciendo. El episodio más recordado fue el "tarimazo" de junio de 2025 en Medellín, cuando el presidente Gustavo Petro subió a un escenario junto a algunos de estos cabecillas, generando críticas sobre las implicaciones políticas de esta estrategia, especialmente en tiempos de campaña electoral.

La senadora Isabel Zuleta, que ha acompañado el proceso, sostuvo que los homicidios en el área metropolitana han disminuido gracias a estos avances. Sin embargo, reconoció que el diálogo aún está en fase exploratoria y lejos de ser un acuerdo definitivo. Mientras tanto, los críticos mantienen sus dudas sobre el verdadero impacto de estas medidas en la seguridad y en la justicia de la ciudad.