Fiscalía se incauta 19 bienes del Bloque Bananero por 65 mil millones para reparar víctimas
La Fiscalía ocupó 19 propiedades vinculadas al extinto Bloque Bananero de las AUC, avaluadas en más de 65 mil millones de pesos, distribuidas en Antioquia, Meta y Casanare. Entre los bienes está la hacienda El Cocuelo en Turbo, que funcionaba como centro logístico y financiero del grupo armado. Los inmuebles serán administrados por el Estado y destinados a la reparación integral de las víctimas del conflicto.
En un golpe importante contra el patrimonio del crimen organizado, la Fiscalía General de la Nación ejecutó operativos en tres departamentos del país y logró incautar 19 propiedades que estaban ligadas al extinto Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia. Los bienes, por los cuales se calcula un avalúo superior a los 65 mil millones de pesos, fueron ocupados en Antioquia, Meta y Casanare mediante medidas de embargo y secuestro ordenadas por un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.
El Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo del Ejército Nacional, ejecutó estas acciones que representan un avance en la recuperación de activos que habrían sido usados para financiar y sostener operaciones ilegales. Uno de los bienes más significativos es la hacienda El Cocuelo, ubicada en el municipio de Turbo, en Antioquia. Según las investigaciones, esta propiedad funcionó durante años como centro logístico, financiero y de control territorial del grupo armado en la región de Urabá.
Lo que llama la atención es que este predio fue fraccionado en 15 propiedades diferentes con matrículas distintas y transferido a varios propietarios a través de múltiples transacciones. Esta estrategia, típica del lavado de dinero, permitía que los responsables ocultaran el origen ilícito de los recursos y burlaran la acción de las autoridades.
Los otros cuatro inmuebles incautados están repartidos entre Meta y Casanare: uno urbano y tres rurales. Las investigaciones demostraron que no solo servían como escondites para las estructuras armadas, sino que también generaban flujos financieros para la organización criminal.
Ahora, el Estado asume la administración de estas 19 propiedades con un propósito claro: destinarlas a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, en el marco de los procesos de justicia transicional y restitución que avanzan en el país.
Fuente original: Hora 13 Noticias
