En un giro en la política de negociación con criminales, la Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra 16 jefes de bandas criminales que operan en Antioquia. La decisión lleva la firma de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en una resolución que deja sin efecto un beneficio que había sido otorgado a 23 cabecillas con presencia en Medellín y el Valle de Aburrá. El problema fue serio: al revisar los casos, la Fiscalía descubrió que al menos 16 de estos criminales ya estaban pagando penas en cárcel, lo que hacía legalmente imposible mantener suspendidas sus órdenes de captura.

La confusión surgió porque la solicitud de suspensión presentada en febrero por la oficina del comisionado de paz no fue clara sobre el estado de encarcelamiento de muchos de los beneficiados. Como señaló la fiscal Camargo, "la información entregada no indicaba que varios de estos cabecillas ya estaban privados de la libertad en cumplimiento de una condena". Este tipo de beneficios están diseñados para personas que aún no han sido condenadas y están en procesos de sometimiento a la justicia, no para quienes ya cumplen sentencias.

Los nombres que vuelven a estar en la mira de las autoridades incluyen a alias 'Carlos Pesebre', 'Douglas' y 'Tom' o 'Chata', entre otros 13 cabecillas señalados de dirigir operaciones relacionadas con homicidios, extorsión y narcotráfico en distintas zonas del país. A pesar de esto, siete cabecillas mantienen la suspensión de sus órdenes porque sí cumplen con los requisitos legales para estar en esquemas de diálogo y sometimiento.

La reactivación de las capturas generó críticas desde varios frentes. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó la coherencia de otorgar beneficios a cabecillas mientras simultáneamente se adelantan procesos judicales en su contra. Para Galán, es contradictorio invertir años en investigaciones y luego permitir que estos líderes criminales reciban medidas que debiliten el esfuerzo de seguridad. "Estamos enfrentando estructuras muy peligrosas que generan violencia. No es coherente que sus líderes puedan recibir beneficios mientras se adelantan procesos judicales en su contra", afirmó.

El caso reabre la tensión permanente en torno a cómo enfrentar el crimen organizado. El Gobierno Nacional sostiene que los diálogos con organizaciones criminales son necesarios para reducir la violencia, pero los críticos insisten en que cualquier acercamiento debe garantizar que estos jefes criminales enfrenten efectivamente la justicia. Galán enfatizó que necesita conocer con más claridad cuáles fueron los criterios para incluir a estos cabecillas en procesos de diálogo, y reiteró que lo más viable sigue siendo su captura y judicialización.

Por ahora, la Fiscalía mantiene vigentes las órdenes de captura contra los 16 jefes criminales y continúa evaluando cómo proceder en los casos de los siete cabecillas que conservan los beneficios. El episodio deja en evidencia las dificultades administrativas y legales que enfrenta el Gobierno al tratar de implementar su política de paz total mientras mantiene el combate a la criminalidad.