La jornada electoral dejó un saldo de capturas relacionadas con intentos de vulnerar la democracia. La Fiscalía reportó que ocho personas fueron aprehendidas por presuntas conductas delictivas asociadas al proceso de votación, mientras que en paralelo otras 85 fueron detenidas por diferentes tipos de crímenes en distintas regiones colombianas. Según la entidad, "las competencias de fiscales y servidores de policía judicial se concentran en verificar los hechos delictivos conocidos y atender las denuncias que se presenten en fases posteriores".

Uno de los casos que más ha llamado la atención ocurrió en Popayán, Cauca, donde fueron capturados en flagrancia cinco personas, cuatro mujeres y un hombre, acusadas de corrupción al sufragante. De acuerdo con las autoridades, habrían estado verificando certificados electorales de ciudadanos que votaron por una colectividad política específica e incorporando sus datos en listados. En Meta, en el municipio de Cumaral, una persona fue detenida por intentar suplantar a un testigo electoral en una mesa de votación. Y en Valledupar, Cesar, capturaron a una mujer por votar en dos mesas diferentes, lo que constituye voto fraudulento.

La Fiscalía también abrió 10 noticias criminales por posibles delitos electorales en Bogotá, Caquetá, Chocó, Nariño, Risaralda y Sucre. Uno de estos casos que ya avanza con mayor rapidez es el de Latia Sindy Castillo Muñoz, alcaldesa de El Paujil, Caquetá, quien es investigada por presunto constreñimiento al sufragante. La Procuraduría también dispuso su suspensión provisional tras abrir investigación disciplinaria por participación indebida en política. Según el expediente, la mandataria habría publicado en TikTok un video portando un poncho con imágenes alusivas al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Más allá de los delitos electorales, el CTI y la Policía Nacional ejecutaron 85 órdenes de captura en el país contra personas requeridas por homicidio, concierto para delinquir, extorsión, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar y otros delitos graves. Destaca el caso de un jurado de votación en Hato Corozal, Casanare, quien era buscado por acto sexual con menor de 14 años. La Fiscalía también reportó la apertura de 107 investigaciones adicionales por delitos relacionados con seguridad ciudadana.

En un dato positivo, 77 personas reportadas como desaparecidas acudieron a votar en diferentes regiones. Tras verificar sus identidades, las autoridades actualizaron los registros oficiales correspondientes.