Con un operativo sin precedentes, la Fiscalía General de la Nación desplegó cerca de 8.000 servidores públicos entre fiscales, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación y otros funcionarios en todas las seccionales del país. El objetivo: monitorear en tiempo real lo que sucedía en las urnas y actuar rápido ante cualquier irregularidad electoral.

El saldo de la primera parte de la jornada mostró que la vigilancia funcionó. Tres personas fueron capturadas por intentar cometer delitos electorales: un ciudadano que quiso suplantar a un testigo electoral en Villavicencio, un votante que trató de sufracar por otra persona en Inírida y un hombre que destruyó una urna en Valledupar. Pero además de estos casos, la Fiscalía aprovechó el operativo para detener a 31 personas que tenían órdenes judiciales vigentes por delitos graves como secuestro, homicidio, delitos sexuales y extorsión. Estos procedimientos se ejecutaron en varias ciudades incluyendo Bogotá, Caquetá, Antioquia y Nariño.

En un hallazgo que encendió las alarmas sobre posible lavado de dinero, unidades del Ejército Nacional incautaron 114 millones de pesos en una camioneta en Cantagallo, Bolívar. Tres personas transportaban el efectivo y ahora la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos está verificando el origen real de esos recursos.

Los investigadores también pusieron atención en Ricaurte, Nariño, donde reportaron que integrantes de estructuras armadas ilegales estarían intimidando a los jurados de votación. La información fue compartida con la fuerza pública y la Registraduría para garantizar que las votaciones transcurrieran sin presión.

Un dato que generó algún alivio en las autoridades: 16 personas que figuraban como desaparecidas fueron localizadas cuando acudieron a votar. Esto fue posible gracias a los mecanismos de identificación que se implementaron. Estas personas fueron halladas en Quindío, Caldas, Antioquia, Bogotá, Norte de Santander y otros departamentos del país.