La jornada de segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio dejó un primer balance de tres personas capturadas por presuntos delitos electorales, según reportó la Fiscalía General de la Nación. Se trata de un ciudadano que intentó suplantar a un testigo electoral en Villavicencio, un votante que quiso votar por otra persona en Puerto Inírida y un hombre que destruyó una urna en Valledupar.

Más allá de lo electoral, las autoridades aprovecharon la jornada para ejecutar 31 órdenes de captura contra personas buscadas por delitos graves. Entre los cargos figuraban secuestro, homicidio, delitos sexuales, violencia contra servidores públicos, extorsión, abigeato y fuga de prisión. Las capturas se realizaron en Bogotá, Caquetá, Atlántico, Antioquia, Cauca y Nariño.

En operaciones de control que acompañaron los comicios, el Ejército Nacional incautó 114 millones de pesos en efectivo en Cantagallo, Bolívar. El dinero era transportado por tres personas en una camioneta y ahora la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos investigará su procedencia y destino.

Un dato positivo también salió a la luz durante la jornada: los mecanismos de identificación usados en las mesas de votación permitieron ubicar a 16 personas reportadas como desaparecidas que se presentaron a ejercer su derecho al voto en departamentos como Quindío, Caldas, Antioquia, Bogotá, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Boyacá, Huila y Magdalena.

Mientras tanto, la Policía Judicial verificaba información sobre presunta intimidación de integrantes de grupos armados ilegales hacia jurados de votación en Ricaurte, Nariño. La situación fue reportada a la fuerza pública y a la Registraduría para garantizar que el proceso electoral transcurriera sin interrupciones en el municipio.

El operativo de vigilancia durante la segunda vuelta contó con la presencia de 8.000 fiscales, investigadores del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) y funcionarios distribuidos en 35 seccionales, encargados de monitorear el desarrollo de los comicios y recibir denuncias sobre posibles irregularidades electorales.